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Sembrar para cosechar

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Suena muy atractiva la iniciativa liderada por el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, quien el jueves pasado presentó en Santa Marta a ‘Colombia siembra’. Según el funcionario, la meta del programa es incrementar en un millón de hectáreas el área cultivada en el país en los próximos tres años, un salto del 14 por ciento. De conseguirse ese propósito, los 10 millones de toneladas anuales que importamos caerían a la mitad y se generarían 264.000 empleos adicionales.
Que hay que hacer algo en el campo, es algo que no tiene discusión. No solo el país aprovecha únicamente una tercera parte del área apta para actividades agrícolas y dedica el resto a la ganadería extensiva, sino que diversos indicadores muestran un panorama realmente inquietante tanto en lo social como en lo económico.
Es conocido que la incidencia de la pobreza y la miseria es mucho más alta en las zonas rurales que en las urbanas. El acceso a educación, salud, agua potable o electricidad es inferior al de las ciudades, para no hablar de empleos formales, con lo cual los ingresos son malos, las oportunidades escasean y los jóvenes se van a las cabeceras municipales.
Para colmo de males, a pesar de contar con todos los pisos térmicos y una riqueza hídrica, que es motivo de envidia en el resto del planeta, el 28 por ciento de los alimentos que consumimos viene de otras latitudes. En lo que va de este siglo, las exportaciones del ramo subieron apenas 3 por ciento, mientras que las compras el exterior lo hicieron en más del 80 por ciento. Incluso en el 2015, a pesar del salto en la tasa de cambio, hemos adquirido más comida afuera y nuestras ventas han descendido.
Solucionar líos que vienen desde hace años, no es algo que se logra de la noche a la mañana. Aun así, el Gobierno cree que mediante la inversión de cerca de 1,6 billones de pesos hasta el 2018, y una serie de acciones complementarias, podrá revertir la tendencia.
De tal manera, hay una estrategia enfocada a mejorar la seguridad alimentaria, que consiste en promover las siembras de maíz, soya, algodón, azúcar, arroz y forestales. Esta radica en apoyo tanto en semillas tecnificadas para mejorar la productividad, como en decisiones administrativas que le pongan freno a la inseguridad jurídica, la misma que tiene en veremos cuantiosas inversiones en la zona de la Altillanura.
Por su parte, también existe la idea de impulsar las exportaciones. Cacao, aguacate, hortalizas, frutas y aceite de palma forman parte de los productos con gran potencial en el exterior. Tal como en su momento lo hicieron Brasil, Chile y Perú, de lo que se trata es de aprovechar las ventajas comparativas y los tratados de libre comercio, con el fin de llegar a muchos más mercados.
Todo eso suena muy bien, por supuesto. Sin embargo, no faltan los escépticos que recuerdan cómo no es la primera vez que se hacen este tipo de anuncios, con promesas que nunca se vuelven realidad. Las críticas tienen que ver con la falta de un plan cuyos detalles todavía se están trabajando, y el peligro de que una parte importante de la ejecución depende de las secretarías de agricultura departamentales, que normalmente son manejadas como feudos políticos.
Así mismo, hay cuestionamientos a la capacidad ejecutoria y técnica del Ministerio del ramo, que se encuentra inmerso en un profundo proceso de reforma con base en facultades extraordinarias que expiran en diciembre. El gran riesgo es que el dinero se gaste en subsidios, como siempre, y no en bienes públicos que comprenden asistencia técnica, investigación científica, vías terciarias y distritos de riego, que es lo que recomiendan los expertos. Como los primeros dan más réditos políticos que los segundos, la advertencia es válida. Por tal motivo, más vale que la plata se siembre bien, si de lo que se trata es de que el esfuerzo que se plantea dé frutos sanos.
Ricardo Ávila Pinto
@ravilapinto
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