Un sistema en veremos

12.01.2012 02:11 Actualizado: 12.01.2012 02:11

“Tenemos buenas razones para creer que el sector de la salud va por muy buen camino”.

Esas palabras dichas ayer por el presidente Juan Manuel Santos, con ocasión de la entrada en vigencia del nuevo Plan Obligatorio de Salud, parecen dar un parte de tranquilidad sobre un servicio clave para el bienestar de los colombianos.

Con una cobertura del 96 por ciento, que equivale a 44,6 millones de afiliados, el país ha hecho avances que son mirados con envidia en buena parte del mundo en desarrollo.

Dicho esfuerzo, sin embargo, no ha sido gratuito. Según diversos estimativos, entre aportes públicos y privados el ramo mueve cerca de 40 billones de pesos anuales. A pesar de esa cuantía hay un problema financiero considerable, como lo demuestran las quejas de los diferentes eslabones de la cadena.

Desde las EPS, hasta los hospitales y los propios médicos, existen protestas ante el monto de la cartera vencida y la impresión de que esta no hace más que aumentar.

En más de una ocasión, diversos actores han advertido de una posible cesación de pagos, la cual normalmente es respondida con giros de emergencia que acallan las protestas.

El problema, sin embargo, es que ciertas medidas parecen paños de agua tibia sin que se ataquen los males que aquejan de verdad al paciente. Reconociendo avances, como la expedición de una ley, la lucha contra focos de corrupción o el remozamiento del POS, hay un cáncer que no para de crecer.

La enfermedad es notoria en el caso de las EPS que tienen dos líos mayúsculos: uno de solvencia y otro de liquidez.

En el caso del primero, los indicadores disponibles dejan en claro que la base patrimonial de la mayoría de las entidades que operan en el ramo es insuficiente.

Por tal motivo, diferentes disposiciones han fijado parámetros que obligarían a un aumento del capital, con plazos que se han incumplido. Lamentablemente, las señales enviadas por el Gobierno son tan contradictorias que es muy dudoso que los accionistas de las diversas compañías decidan inyectarle más recursos a un negocio cuya rentabilidad está en entredicho.

Como si lo anterior fuera poco, hay un monto millonario en el limbo, correspondiente a unos recobros hechos al Fondo de Solidaridad que este se ha negado a reconocer.

Más allá de entrar a valorar los argumentos en uno y otro sentido, lo cierto es que el castigo contable que debería hacerse es de tal magnitud, que decenas de entidades dejarían de ser viables.

El panorama de las EPS también se oscurece por los problemas de caja. Según voceros del sector, de cada 100 pesos solicitados al Fosyga por procedimientos hechos, este gira 80 y glosa el 20 por ciento restante. No se necesita ser un experto en cuestiones de dinero para darse cuenta de que así las cosas no funcionan y la cuerda acabará por reventarse.

Al tiempo que lo anterior ocurre, sigue vigente la percepción de que en el país hay en la práctica un plan de beneficios ilimitado.

Ya sea a través de los canales regulares o del uso de la tutela parece no existir procedimiento alguno cuyo costo no sea asumido por el sistema, algo que no tiene paralelo en el mundo.

La gran ironía es que cuando se miran los indicadores usados en el planeta, como la mortalidad materna o las enfermedades respiratorias en los niños, el país ha mejorado muy poco en los últimos tiempos.

En otras palabras, el descomunal esfuerzo presupuestal que se ha hecho puede haberle ayudado a un puñado de usuarios considerados de alto costo, pero no a la salud general de la población.

Eso para no hablar del servicio, cuya calidad se ha deteriorado a la luz de la atención que se da en los hospitales.

Tales elementos deberían ser tenidos en cuenta por la nueva Ministra de Salud. Aparte del optimismo presidencial, la funcionaria debería empezar por reconocer que más que bueno, el camino que enfrenta un servicio tan vital es largo y culebrero.