Sube la temperatura

 

En los 14 meses que han transcurrido desde cuando asumió la Presidencia de la República, Juan Manuel Santos ha tenido que sortear situaciones de diversa índole, las cuales van desde el invierno hasta el orden público.

Sin embargo, es posible que esos desafíos estén a punto de aumentar, por cuenta de una serie de manifestaciones que pueden trastornar la diaria rutina de los ciudadanos en buena parte del territorio nacional.

Para comenzar, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) ha convocado a un paro nacional estatal el próximo viernes, el cual afectará la prestación de servicios en un buen número de despachos públicos y que tiene como justificación reivindicaciones supuestamente desatendidas por el Ejecutivo. Acto seguido, el 12 y 13 de octubre el turno será para la Federación de Estudiantes Universitarios, que también propone un paro nacional en protesta por el proyecto de ley que fue radicado esta semana en el Congreso y busca reformar la educación superior.

El ciclo, al parecer, concluirá el 15 de octubre con una suspensión de actividades organizada por la Asociación Colombiana de Camioneros, que alega el incumplimiento de diversos acuerdos alcanzados al comenzar el 2011.

Más allá de entrar a analizar la validez de cada uno de esos reclamos, es evidente que Colombia continúa por la senda de una mayor agitación social. Hace pocos días se conoció el dato según el cual las protestas de diferente índole han aumentado más de un 30 por ciento en lo corrido del año.

En esa cuenta hay fenómenos especialmente locales que responden a los más variados intereses, pero no se necesita ser un experto en el asunto para llegar a la conclusión de que la marea está subiendo.

Por tal motivo, la pregunta es si las autoridades están tomando en serio una situación que amerita una consideración de fondo.

Esa inquietud es válida, además, después de que el propio Santos aseguró que hay evidencias de que los grupos armados desean infiltrar las marchas con el fin de promover oscuros intereses.

Ante tal advertencia, mirar con desdén lo que está ocurriendo sería un craso error.

Y es que aparte de las preocupaciones relacionadas con un potencial deterioro en la seguridad, es necesario entender mejor la génesis de las voces que se alzan, con el fin de empezar a aplicar aquel refrán que afirma que ‘prevenir es mejor que curar’.

Dicho de otra manera, el Gobierno necesita extender sus antenas para tratar de responder a tiempo las necesidades de la gente, exacerbadas por el anhelo de mejorar, la época electoral y la creencia de que la torta está mal repartida en un país que ahora es más rico que antes.

Lo anterior, para decirlo con claridad, quiere decir que la protesta social no puede ser solamente un tema que le compete al Presidente y a la Policía. Aceptando que los uniformados tienen la obligación de controlar eventuales desmanes, hay que admitir que buena parte de quienes deciden salir a la calle simplemente quieren que se escuche su punto de vista y no buscan el enfrentamiento con un escuadrón antimotines.

Debido a ello, los ministros tienen un papel que hasta ahora ha sido muy débil en el manejo de un tema que requiere coordinación y asignación de responsabilidades.

Para poner un ejemplo, la cartera de Interior tiene que trabajar con sus colegas en el gabinete, ya sea para mirar el asunto de los maestros con la encargada de Educación o el de los trabajadores petroleros con el titular de Minas. Si esa labor se hace en forma juiciosa, será posible evitar que la temperatura suba.

De lo contrario, un ambiente de confrontación puede llegar a afectar la economía. Dicho escenario, que en condiciones normales es indeseable, sería totalmente inconveniente a la luz de la compleja coyuntura global. En vez de divisiones internas, el país necesita unidad, algo que no será posible si la agitación continúa.