El Consejo Privado de Competitividad (CPC) dio a conocer ayer su sexto informe anual sobre el tema, en el cual hace un diagnóstico sobre cómo va la nación en la materia y propuestas dirigidas al Gobierno Nacional, a los locales y a los empresarios para mejorar la productividad del país.
En esta ocasión, el trabajo abordó 15 dimensiones que inciden en la competitividad nacional: educación; salud; pensiones; productividad laboral; ciencia, tecnología e innovación; infraestructura, transporte y logística; tecnologías de la información y las comunicaciones; sistema financiero; sistema tributario; promoción y protección de la competencia; justicia; corrupción; energía; política comercial, y política de cambio estructural.
El reporte muestra que Colombia sigue teniendo problemas para avanzar en este campo, a pesar de los esfuerzos que se vienen haciendo en el marco del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación. Indicadores internacionales sobre el tema lo corroboran. El país cayó un puesto en el Indicador Global de Competitividad que hace el Foro Económico Mundial, ubicándose en la posición 69 entre 144. Mientras tanto, en el ranking del IMD bajó 6 casillas, al llegar a la 52 entre 59 países.
Para el CPC, tales datos no deben sorprender en la medida en que no se pueden esperar resultados diferentes si seguimos produciendo lo mismo y de manera similar durante décadas.
En particular, cuando la evidencia empírica muestra que han sido las naciones que se han adentrado en un constante proceso de cambio estructural las que han logrado mantener altas tasas de crecimiento en el largo plazo.
Por el contrario, la oferta exportadora colombiana viene concentrándose cada día más en bienes primarios, basados en recursos naturales. Mientras en 2001 este grupo representaba el 74 por ciento de las ventas externas, en 2011 llegó al 87 por ciento.
Por tanto, el Consejo considera que se debe hacer un mayor esfuerzo por lograr una transformación del aparato productivo colombiano. Desafortunadamente, en palabras del profesor Dani Rodrik, de la Universidad de Harvard -quien fue uno de los conferencistas principales en el lanzamiento del informe- este cambio estructural no se logra solo a través de reformas sobre los “fundamentales” (mejores instituciones, educación y condiciones macroeconómicas), sino que estas se deben complementar con esfuerzos explícitos para promover la diversificación de la economía en el marco de una política industrial moderna, algo que diferentes sectores han pedido a gritos.
Es cierto que el país tiene una cantidad de iniciativas e instrumentos que se podrían catalogar como pertenecientes a este tipo de políticas.
Algunos ejemplos son el programa de transformación productiva del Ministerio de Comercio; las iniciativas de núcleos que comienza a implementar iNNpulsa, de Bancóldex; las apuestas de los departamentos a través de las comisiones regionales de competitividad, y la estrategia nacional de innovación, entre otras. Sin embargo, estas no corresponden a una política integral que articule a todos los actores relevantes y busque sinergias entre los diferentes instrumentos e iniciativas.
De ahí que el CPC esté proponiendo el rediseño de un esfuerzo mucho más inclusivo, que complemente las acciones transversales que se vienen haciendo en otros frentes.
Propuestas como esta y muchas más hacen parte del valioso documento presentado ayer, cuya lectura debería ser obligatoria en ciertos despachos públicos.
Como este dice, parte de la responsabilidad está en manos del Gobierno para acelerar la puesta en marcha de los compromisos que fueron consignados en la nueva Agenda Nacional de Competitividad lanzada por el presidente Santos hace unos cuantos meses. No obstante, la responsabilidad también yace en los gobiernos locales y en los empresarios, quienes pueden hacer mucho por mejorar la productividad del país.
Ricardo Ávila Pinto