Un tema de inclusión

Una de las muchas asignaturas pendientes que tiene la agenda pública de Colombia es la denominada “inclusión financiera”, que no es nada distinto que llegar con servicios de ahorro y crédito formales a la población. De tiempo atrás, la literatura académica abunda en estudios que califican este requisito como un elemento esencial en el desarrollo de cualquier país.

En tal sentido, se han realizado esfuerzos a lo largo y ancho del territorio nacional. La expansión de los llamados corresponsales bancarios ha sido esencial para ampliar la cobertura: hay casi 50.000 agentes en todas las regiones, con lo cual solo faltan tres municipios por tener presencia institucional directa o a través de un intermediario.

Gracias a lo hecho, en los últimos seis años se han vinculado más de siete millones de personas al sistema financiero. No obstante, todavía nos encontramos en posiciones intermedias dentro de la región, ante lo cual quienes saben del asunto opinan que en el esfuerzo es clave el fortalecimiento de la banca móvil, a través de la cual las personas pueden manejar su dinero desde el teléfono celular.

Dicha afirmación tiene como base experiencias exitosas en países en desarrollo como Kenia, Filipinas, Bangladesh, Tanzania, India y Pakistán, entre muchos otros. Aunque cada caso es único, todos han evidenciado la importancia de la comunicación inalámbrica como instrumento de acceso financiero y como elemento medular en la reducción de la desigualdad y la pobreza.

Al respecto, hay que reconocer que tanto en el Gobierno como en el Congreso se han hecho cosas. El Plan Nacional de Desarrollo acepta que el incremento del acceso a los servicios bancarios es uno de los apoyos transversales a la competitividad del país y propone adoptar medidas tendientes para conseguir que los servicios financieros móviles (SFM) sean ofrecidos a la población.

Más recientemente, la actual administración –por vía de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC)– desarrolló el año pasado un estudio que da cuenta de los aspectos que obstaculizan la promoción de la banca móvil. Según el organismo, los operadores celulares cobran a las entidades de crédito por mensaje de texto (SMS), hasta cinco veces más que el precio máximo regulado para ese servicio entre ellos mismos. Adicionalmente, el trabajo dice que las compañías restringen el acceso de tecnologías en favor de la banca móvil y amenazan con la desconexión del servicio.

En efecto, la Comisión resolvió extender a la banca móvil el precio que venía aplicando, desde el 2012, para mensajes de texto entre operadores de telefonía celular, establecido bajo un criterio de costos eficientes. También, determinó ofrecer la tecnología USSD para prestar servicios financieros y generó reglas claras para el acceso a las redes móviles de telecomunicaciones. En desarrollo de tal política, fue anunciada la expedición de la resolución que busca superar las barreras señaladas y lograr la masificación anhelada.

La decisión se toma en buena hora. Con ello, el Gobierno allana el camino para que más colombianos disfruten de acceso al sistema financiero, valiéndose de los adelantos tecnológicos, en un mundo que tiende a lo digital y a lo móvil. La brecha a cerrar no es solo aquella entre ricos y pobres, sino entre quienes tienen y no tienen acceso a las TIC, y por vía de ellas, a otros bienes y servicios de enorme importancia, como la salud, la educación y la banca.

Los avances señalados comprometen, claro está, a las entidades financieras para que estas respondan con plataformas tecnológicas adaptadas a las necesidades de la población colombiana. También será necesaria una labor de pedagogía, orientada a que la informalidad que prevalece en amplias regiones y segmentos, disminuya. Pero a la luz de lo visto en otras latitudes, el objetivo de inclusión que antes parecía lejano, se encuentra cada vez más cerca.