Otro tema pendiente

Hace unas semanas, la Fundación Schwab publicó un interesante reporte sobre las guías de políticas que pueden dinamizar la llamada innovación social. El documento selecciona experiencias internacionales a través de las cuales se lograría construir un marco general de buenas prácticas y una metodología operacional que funcione para hacer efectiva la acción estatal o privada en este frente.

Entre las doce experiencias resaltadas, que incluyen el Consejo Presidencial para la Inversión en Senegal, el Consejo Nacional de Innovación en la India o la Oficina Presidencial para la Innovación Social en Estados Unidos, se encuentra el Departamento para la Prosperidad Social de Colombia. Las razones que fueron aducidas para destacar esta agencia creada en el 2011 obedecen a tres criterios: empoderar líderes dentro de la administración pública para adelantar proyectos innovadores, focalizar esfuerzos para respaldar emprendimientos sociales en lugares apartados donde la innovación social es altamente valorada y, por último, identificar oportunidades para un positivo alineamiento con el sector privado, maximizando sinergias operativas.

Si bien este reconocimiento es algo positivo para el país, hay que preguntarse si existen en Colombia las condiciones para que en el sector público exista innovación, aparte del caso señalado. En un artículo publicado en la más reciente edición del Stanford Social Innovation Review se enumeran cinco elementos críticos para que desde el Estado se puedan mejorar: brindar la habilidad para experimentar, tener capacidad para reemplazar infraestructura obsoleta, desarrollar un sistema de retroalimentación efectiva en materia de desempeño e iniciativas entre distintas agencias, contar con incentivos para el diseño y lanzamiento de productos que mejoren la calidad de los servicios brindados por el Estado, y sortear las complejidades presupuestales para atender estandarizadamente al usuario final.

Tales criterios no prevalecen en la administración pública colombiana, que se encuentra estructuralmente amenazada por el temor a innovar. Reconociendo el papel de los organismos de control a la hora de velar por la protección de los recursos públicos, el temor de los funcionarios a salirse taxativamente del inciso para encontrar mejores soluciones se está convirtiendo en un factor de apatía que lleva a que las cosas sigan como están.

¿Qué se puede hacer al respecto? Un cambio en la manera de hacer las cosas requiere que los organismos de control participen activamente en la construcción de normas que sancionen las conductas censurables de funcionarios inescrupulosos, pero también que se fomente la creatividad para un mejor manejo de los recursos públicos bajo los principios de focalización, eficiencia, impacto y evaluabilidad. En un país donde la innovación sea exclusiva del sector privado y la sociedad civil, el papel del Gobierno se tornará paquidérmico y obsoleto, transformándose en una talanquera para la modernización de la sociedad.

Colombia es un país con una reconocida tradición legalista y, al mismo tiempo, con una administración pública acechada por la corrupción. Esas dos premisas han alimentado las camisas de fuerza operacionales de las entidades gubernamentales.

Pero no hay que decirse mentiras. Uno de los desafíos que el mundo enfrenta es el de tener un sector público dinámico, adaptable y con capacidad de experimentar, ante una sociedad que se mueve a mayor velocidad que antes.

Por ello, el Gobierno Nacional y los locales, el sector privado, la sociedad civil, y los entes de control deben reflexionar y actuar sobre la forma en la que podemos tener un Estado innovador. Ignorar la necesidad no solo nos hará menos competitivos como país, sino que evitará la posibilidad de construir una sociedad marcada por la confianza y no dominada por la sospecha.

Ricardo Ávila Pinto

ricavi@portafolio.co