La tierra del conformismo

 

Con el correr de los días, que hacen cercano el final de la presente legislatura, empieza a quedar en claro que el proyecto de ley que busca reformar el esquema de salud vigente no acabará su trámite este año. Como es conocido, la iniciativa fue votada favorablemente en el Senado, pero en la Cámara de Representantes el ánimo de concluir el proceso es, por decir lo menos, escaso.

Y es que aparte de los cuestionamientos que ha recibido el articulado por parte de analistas de diversa índole o la propia Contraloría General de la Nación, los parlamentarios registraron las marchas de la semana pasada en las que miles de manifestantes, encabezados por médicos y estudiantes, pedían el hundimiento de la propuesta. Dado el clima preelectoral, pocos aspirantes a seguir en el Capitolio quisieran enemistarse con un segmento de la ciudadanía que se ha caracterizado por su activismo.

Lo que resulta llamativo es que la solicitud de dejar las cosas como están se recibe a pesar de que la salud está quebrada, como lo ha dicho de forma textual el Ministro del ramo, Alejandro Gaviria. A pesar de las promesas gubernamentales en el sentido de que buena parte de los problemas financieros actuales se solucionarían si la ley sale adelante, tiene más acogida mantener el statu quo sin importar el riesgo de implosión que existe.

No es la primera vez que en tiempos recientes sucede algo similar en el país. Hace un par de años, el Ministerio de Educación trató de meterle mano al asunto de las universidades, pero la presión de los estudiantes que salieron a las calles llevó a la administración Santos a retirar el proyecto que había sido radicado en el Congreso.

Poco después, el turno fue el de la justicia. Tras un largo proceso de discusión y debates fue posible tramitar el texto en ambas Cámaras, pero la indignación popular que surgió tras conocerse las componendas que se dieron en la Comisión de Conciliación, al momento de redactar la versión final, condujo a la administración a darle un entierro de tercera.

Más complejo todavía es lo sucedido con la propuesta de reforma pensional, que fue diseñada por el Ministerio del Trabajo y cuya socialización empezó hace algo más de un año. Tras tomarle la temperatura al clima en torno a la iniciativa, esta no fue incluida en la lista de prioridades del Ejecutivo y su futuro ha quedado en veremos.

Así las cosas, todo indica que en Colombia es preferible dejar las cosas como están, a pesar de que la realidad deje mucho que desear. En lo que hace a la salud, no solo la arquitectura actual es ineficiente, sino que existe un plan de beneficios ilimitado que hace el sistema insostenible. Peor todavía es que la corrupción y la obtención de rentas extraordinarias beneficia a unos pocos, en contra de la calidad del servicio.

Por su parte, la educación superior está en deuda. Solo el 10 por ciento de las universidades cuenta con acreditación de alta calidad y apenas un par aparecen en las clasificaciones mundiales. Por otro lado, tres entidades públicas concentran la mitad del gasto estatal, con bajos niveles de eficiencia.

Más deprimente aún es lo que pasa con la justicia, cuyo inventario de procesos pendientes a finales del año pasado era de 2,3 millones. Aparte de la congestión, hay problemas de atraso tecnológico, formación y venalidad, para no hablar del pésimo ejemplo de las altas cortes a la hora de la austeridad y transparencia. Y en lo que hace a pensiones, la situación también da grima, pues apenas uno de cada diez colombianos podrá jubilarse si las cosas siguen como van, aparte del inmenso costo que tiene el régimen de prima media.

Sin embargo, a pesar de los diagnósticos, nada sucede. Son tan poderosas las fuerzas en contra de las reformas, que los esfuerzos fracasan. Y mientras eso pasa, el país pierde la oportunidad de progresar, con lo cual los justos siguen pagando por los pecadores.