La tierra tiene la culpa

19.09.2012 02:01 Actualizado: 19.09.2012 02:01

La confirmación que hizo el Dane hace un par de días, en el sentido de que los precios de la vivienda nueva en Colombia crecen mucho más rápido que el índice de inflación, ha generado reacciones de inquietud en el país.

Para comenzar, algunos hablan de la presencia de una burbuja inmobiliaria, mientras que quienes tienen más memoria recuerdan lo sucedido a finales del siglo pasado, cuando los propietarios de casas y apartamentos vivieron años aciagos, y, con ellos, el sector financiero.

La preocupación de que algo similar ocurra en esta oportunidad es explicable. El valor del metro cuadrado experimentó un salto del 11 por ciento, con corte a junio pasado.

Si se mira que las alzas vienen teniendo lugar desde el 2006, es fácil concluir que el nivel actual es el más alto en la historia del país.

Los ejemplos individuales abundan.

En Bogotá se encuentran proyectos con unidades que se tasan en 12 millones de pesos el metro cuadrado, mientras que en Barranquilla y Bucaramanga se han registrado aumentos anuales cercanos al 19 y 15 por ciento, respectivamente.

Frente a las cifras alcanzadas, no es extraño escuchar que vivir en las principales ciudades de Colombia es tan costoso como en Estados Unidos o zonas de Europa, pero con una calidad de vida inferior.

Pero más allá de lo anecdótico, es importante analizar lo sucedido. En respuesta, los que saben del asunto distinguen entre los factores de demanda y oferta.

Con respecto al primero, el ritmo acelerado de la economía nacional se ha traducido en un mayor ingreso de los hogares.

Esa nueva capacidad adquisitiva se convierte en más apetito por vivienda.

Aparte de lo anterior, el auge en la inversión extranjera se ha sentido sobre la finca raíz. Más de un portafolio con sede en otras latitudes ha adquirido edificios, en busca de aprovechar la ola de valorizaciones.

Tampoco hay que desconocer la llegada de más empresas con sus ejecutivos, que ha ocasionado presión, sobre todo en los estratos más altos.

En condiciones normales, lo sucedido debería provocar una mayor actividad edificadora, que es lo normal en los ciclos de la construcción. El problema es que en esta oportunidad son más evidentes los cuellos de botella, que han conducido a incrementos en los costos de materiales y mano de obra.

Sin embargo, el factor principal es la escasez de tierra urbanizable. Tal circunstancia obliga a los alcaldes a revisar sus respectivos planes de ordenamiento territorial, con el fin de evitar una inflación de costos, que es la responsable de la situación actual.

La urgencia de reaccionar es manifiesta en Bogotá, en donde las decisiones de Gustavo Petro no han hecho más que agravar la situación y amenazan con disparar un déficit habitacional, que ya era un inconveniente serio y, ahora, amenaza con disparar la informalidad, pero, esta vez, a precios inalcanzables para muchos.

En concreto, los problemas para garantizar la debida prestación del servicio de acueducto o las conexiones al alcantarillado han implicado la paralización de múltiples iniciativas.

Como si lo anterior fuera poco, una provisión contenida en el plan de desarrollo distrital, que obliga reservar un área de al menos el 20 por ciento de cada edificación nueva, con destino a la Vivienda de Interés Prioritario (VIP) ha frenado la toma de decisiones por parte de firmas de todos los tamaños.

A todas estas, el Gobierno tiene que tomar el toro por los cuernos y enviar señales que son urgentes y necesarias.

Es encomiable concentrarse en las necesidades de los más pobres, pero las responsabilidades no terminan allí, sino en garantizar, que en todos los niveles de ingreso, el mercado de la vivienda funcione bien. Y ese no es el caso actualmente.

Ricardo Ávila Pinto

ricavi@portafolio.co