A pocos meses de las más intensas protestas contra el sistema financiero en muchos años, los titanes de Wall Street protagonizan otro escándalo.
Esta vez el turno fue para J.P. Morgan, el banco más grande de Estados Unidos por volumen de activos y una de las pocas instituciones que tuvo un buen desempeño en la crisis del 2008.
El pasado viernes, Jamie Dimon, presidente de la compañía, reveló una pérdida de 2.000 millones de dólares en las últimas semanas por apuestas equivocadas en una cartera de derivados.
A este hueco se le sumarían 1.000 millones generados por la volatilidad de los mercados.
Aunque Dimon superó con éxito su junta de accionistas de ayer en Florida (EE. UU.) donde retuvo el liderazgo, este error pone sobre la palestra el debate sobre las políticas de regulación financiera que envuelve hoy a la sociedad norteamericana.
Para una corriente importante de la opinión pública en Estados Unidos, el hundimiento de Lehman Brothers en septiembre del 2008 y la crisis global que le siguió presentaba una oportunidad dorada para reformar Wall Street.
La magnitud y extensión de la debacle, la peor desde la Gran Depresión de los años treinta, despertaron un clamor por cambios en los más variados aspectos desde los esquemas de incentivos a los ejecutivos hasta la necesidad de una agencia estatal de protección al consumidor.
En los últimos tres años, el gobierno de Barack Obama no solo desplegó medidas de choque como la mayor inyección de capital público al sistema bancario en la historia, sino también introdujo reformas.
No obstante, para muchos críticos, los estrechos vínculos de la Casa Blanca con el sector impidieron que la legislación contara con dientes fuertes. Más que juzgar a los banqueros por su irresponsabilidad, como muchos ciudadanos exigían, Washington ayudó a consolidar conglomerados poderosos, hoy considerados “demasiado grandes para caer”.
Uno de ellos es J.P. Morgan.
Las apuestas de alto riesgo que estos grandes bancos siguen efectuando, como las que generaron las millonarias pérdidas, son precisamente el tipo de operaciones que los críticos buscan regular. De hecho, la administración está ultimando los detalles para la implementación de la ‘regla Volcker’, que entraría en vigencia a finales de julio.
Esta medida,limitaría la capacidad de las compañías financieras para transar productos riesgosos con sus recursos propios, o sea, con los ahorros o pensiones de millones de clientes. El error de J.P. Morgan cae como anillo al dedo para quienes impulsan una reglamentación más severa.
Otros efectos del anuncio de Dimon pertenecen más a la órbita política que a la puramente bursátil. Que los bancos sigan perdiendo absurdas cantidades de efectivo en transacciones irresponsables es un recordatorio de lo poco que las cosas han cambiado en Wall Street. Lo ocurrido exacerba el creciente rechazo del público estadounidense al sistema financiero y sus principales actores.
En medio de un alto desempleo y un permanente negativismo frente al estado de su país, la ciudadanía es más sensible a los escandalosos salarios y los lujos asociados al mundo de las finanzas. Ese fue puntualmente el sentimiento que insufló por meses las manifestaciones de “Ocupación” de finales del año pasado.
Como las reelecciones son generalmente un referendo a la gestión del mandatario en ejercicio, Obama enfrenta en la política financiera un asunto espinoso. Aunque Mitt Romney, su contendor republicano, recibe ataques por su trabajo en el sector privado como comprador y reestructurador de empresas fallidas, las credenciales de batalla del Presidente contra los titanes bancarios son, en el mejor de los casos, tibias y ambiguas.
Mientras los accionistas de J.P. Morgan ya pasaron la página, que Wall Street se convierta en protagonista de la próxima campaña a la Casa Blanca abre desafíos para todos.
Ricardo Ávila Pinto
ricavi@portafolio.co