Un remedio de corto plazo

A menos que suceda un verdadero imprevisto, todo apunta a que el proyecto de ley de financiamiento que este lunes llega a su etapa final en las plenarias del Senado y la Cámara, recibirá la bendición del Congreso. La confianza de los promotores de la iniciativa es tal, que la citación a sesiones extras fue solo por tres días, suficientes para ‘pupitrear’ la mayoría de los 112 artículos que tiene la propuesta, dejar espacio para algo de debate y votar la conciliación del texto final.

Conseguir que en escaso mes y medio el Capitolio le dé luz verde a una serie de disposiciones que elevarán los recaudos públicos en cerca de siete billones de pesos en el 2019, puede ser interpretado a primera vista como una señal de fortaleza. Incluso en un país en donde se ha vuelto costumbre atropellar los tiempos cuando de reformas tributarias se trata, no existen antecedentes de algo parecido, por lo cual podría pensarse que la aplanadora gubernamental hizo valer sus mayorías para lograr una aprobación exprés.

La verdad, lamentablemente, es otra. El proceso que está a punto de terminar refleja la debilidad de la administración Duque que, en la práctica, perdió el control de la discusión. Lo que inicialmente era un articulado que tenía coherencia, en el sentido de redistribuir las cargas fiscales para gravar más a las personas naturales y menos a las jurídicas, acabó siendo una colcha de retazos cosida por los parlamentarios.

En la confección aparecieron los odios de algunos contra determinadas actividades, las preferencias de otros y el ánimo de hacer favores de unos más. Aunque nadie es capaz de sostenerlo en público, más de un empresario reportó haber recibido llamadas de integrantes de las comisiones terceras y cuartas dispuestos a mover una coma aquí o incluir un inciso allá, como un ‘favor’ que eventualmente sería retribuido.

Mientras tanto, el Ministerio de Hacienda acabó siendo relegado al papel de espectador en varias discusiones o de mandadero en otras. A sabiendas de que la prioridad del Ejecutivo se volvió subir ingresos para minimizar el recorte presupuestal, los ponentes tomaron las riendas pues ya no existía la zanahoria de antes, que servía para aconductar a los más díscolos: el pote de mermelada o los puestos. Fueron ellos los que cumplieron al pie de la letra eso de que las leyes se hacen en el Congreso.

Tampoco sirvió la autoridad moral de los funcionarios del equipo económico, unos apáticos y otros demasiado jóvenes o inexpertos para nadar en aguas llenas de tiburones. Con el fin de evitar el naufragio, los esfuerzos se centraron en preservar acápites como las normas contra la evasión o la inclusión del régimen simple, que facilita la formalización. También se defendió la bandera presidencial de la economía naranja y un enorme alivio para las empresas, representado en la tarifa de renta y la posibilidad de descontar el IVA pagado en la compra de activos fijos productivos.

No obstante, unos y otros saben que el remedio solo sirve en el corto plazo. Los propios cálculos oficiales muestran que a partir del 2020 el recaudo neto empieza a ser negativo, con lo cual se exacerban los riesgos de sostenibilidad fiscal. A menos que Colombia se gane una lotería inesperada o el Gobierno decida sacar la tijera para recortar subsidios u otro tipo de gastos, dentro de un año sería obligatorio volver al Capitolio con otra propuesta tributaria.

La alternativa que se comenta en voz baja es incumplir la regla fiscal, pues en el Gobierno hay quienes creen que esa camisa de fuerza aprieta mucho. A pesar del peligro de perder el grado de inversión de los títulos de deuda pública y del ejemplo de la debacle argentina, la idea toma fuerza. Esa es la consecuencia de estar contra la pared: jugar con abandonar la ortodoxia, que ha sido la impronta del manejo económico a lo largo de décadas.

Ricardo Ávila Pinto 

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@ravilapinto