Cuando no todo vale

15.11.2013 01:38 Actualizado: 15.11.2013 01:38

Hay peleas que son de alquilar balcón, mientras que otras producen cierta dosis de pena ajena. En las primeras se pueden incluir los debates de ideas, en las cuales se escuchan argumentos de lado y lado para que el auditorio tenga más elementos de juicio y enriquezca su capacidad de discernir.

En cambio, en las segundas lo que el público registra son las descalificaciones mutuas, mientras cada contendor traspasa los límites del decoro y en lugar de contestar acusaciones, trata de enlodar al contrario.

A esta última categoría pertenecen dos de las controversias más sonadas en días pasados. Una la protagonizan el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, y la titular de la Contraloría, Sandra Morelli.

La otra está a cargo del senador por el Polo Democrático, Jorge Robledo, y del Ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde.

En ambos casos, el trasfondo de la disputa son temas que despiertan interés en la opinión.

No hay duda, por ejemplo, de que el escándalo de Saludcoop representa para muchos la explicación de buena parte de lo que está mal en el sistema de salud. Los abusos de la administración que manejaba la cooperativa condujeron en su momento a la intervención de la misma, tras quedar en evidencia problemas agudos de liquidez.

Más preocupantes aún son las revelaciones sobre decisiones empresariales que generaron un detrimento patrimonial considerable en la EPS.

Ello para no hablar de excesos como reuniones en otras latitudes o el pago de bonificaciones multimillonarias, así como de patrocinios y asesorías.

Entre estas últimas se encuentran los servicios profesionales prestados por Montealegre, cuando se desempeñaba como abogado independiente. Más allá del monto cancelado, Morelli ha insinuado que los giros continuaron incluso cuando el Fiscal había asumido el cargo.

En respuesta, este sostiene que hay una mentira “del tamaño de una catedral”, mientras la entidad que dirige adelanta una investigación por supuestos excesos de la Contraloría.

En abstracto, la búsqueda de la verdad debería ser el factor que motive acusaciones de tan grueso tamaño. Pero no deja de ser preocupante que lo que asoma es una animadversión personal que va a desembocar en un choque de trenes a nivel institucional.

Por cuenta de esa realidad, cualquier posibilidad de trabajo conjunto entre dos organismos claves a la hora de combatir la corrupción se ha vuelto un imposible.

Por su parte, en la reyerta entre Robledo y Lizarralde lo que es criticable es la forma en que congresista y funcionario han tramitado sus diferencias.

Y es que una cosa es estar en desacuerdo sobre la política agropecuaria que le conviene al país y otra es tender un manto de duda sobre la moralidad de sus responsables.

Alentado por las denuncias que condujeron a la renuncia del Embajador de Colombia en Washington, el Senador ha tratado de implicar al Ministro en prácticas ilegales cuando manejaba la empresa Indupalma, y ha cuestionado las motivaciones del Gobierno en materia de tierras.

Sin desconocer la gravedad de las acusaciones, testigos afirman que la antipatía mutua viene desde mucho antes de que hubiera comenzado la polémica en torno a los baldíos.

Censurable, como puede ser la actitud del parlamentario del Polo Democrático, que en más de una oportunidad ha sido irresponsable, también lo es que el funcionario saque una grabación de procedencia desconocida para descalificar a su opositor. Aquí lo que procede es desmontar un tinglado de aseveraciones, para que se despeje cualquier sombra en el seno del Ejecutivo.

Porque, si lo que hay es calumnias que no se controvierten, lo que queda deja un mal sabor.

Tan malo como el que hay cuando alguien se topa con una pelea de rufianes en la cual todo vale, algo que puede ocurrir en la calle, pero que no debería pasar en el seno de las instituciones.

Ricardo Ávila Pinto

ricavi@portafolio.co

Twitter: @ravilapinto