El vaso está servido

Colombia es un país en el cual hay cosas que no funcionan como deberían, pero cuando se tratan de arreglar, numerosas voces salen en defensa del statu quo y en más de una ocasión logran descarrilar los intentos de reforma.

Así ha pasado con la educación superior o la justicia, para citar dos ejemplos notorios. Y puede volver a ocurrir con el monopolio de licores que ejercen los departamentos, el cual sería objeto de una cirugía si sale adelante una propuesta incluida en la ley del Plan de Desarrollo.
La iniciativa tiene que ver con una figura que data de tiempos de la Colonia y cuya base legal más reciente se encuentra en el Artículo 336 de la Constitución.

Por cuenta de la norma, los gobiernos departamentales tienen la potestad de tener estructuras de producción propias o arrogarse el derecho de admisión en su territorio de bebidas que tengan un contenido de alcohol igual o superior a 20 grados.

En términos prácticos, ello excluye cerveza, vino y algunos aperitivos, pero otras opciones tienen que sujetarse a cuotas y un esquema tributario complejo.
En su momento, el esquema permitió el surgimiento de licoreras que producían, primordialmente, aguardiente y ron,las bebidas fuertes preferidas por los colombianos. El que parecía ser un negocio asegurado, gracias a sus altos márgenes y una demanda cautiva, no resultó ser así. Una decena de esas fábricas naufragaron, arrasadas por la corrupción, los altos costos de personal y la politiquería.
Actualmente, sobreviven seis, de las cuales la más fuerte es la de Antioquia. La de Caldas ha vivido altibajos. La de Cundinamarca ha sido poderosa, pero conoció mejores tiempos, mientras que la del Valle ha tratado de ser rescatada en más de una ocasión, sin que su viabilidad esté plenamente asegurada.
Los departamentos que no fabrican nada y los que sí, reciben ingresos, por cuenta del ‘peaje’ que cobran, que ascienden a más de un billón de pesos anuales, en conjunto. La suma es importante, pues no solo es una fuente primordial de los recaudos corrientes de los entes territoriales, sino que la mayoría de lo que se recoge se destina a la salud, que enfrenta desafíos financieros de diverso tipo.
A pesar de que la evolución de los dineros ha sido positiva en lo que va de este siglo, diferentes investigaciones confirman que hay pérdidas importantes, debido al contrabando de productos extranjeros y del intrarregional. Más grave todavía es el fenómeno de la adulteración, pues la ilegalidad también mete sus manos.
Ante esa realidad, la intención de los artículos que se incluyeron en el proyecto de ley del Plan es cambiar las reglas de juego. Un estudio de la firma E-Concept y un análisis técnico realizado por la Federación Nacional de Departamentos, muestran que los ingresos aumentarían si se adopta una estructura impositiva más razonable que no discrimine entre categorías de licores fuertes, permitiendo, al mismo tiempo, la continuidad de los monopolios.
Los argumentos esbozados permitieron que, hace unas semanas, se articulara una propuesta en conjunto, en cuya redacción intervinieron las firmas importadoras y los entes regionales. Dado el consenso que se logró sobre puntos fundamentales, la expectativa era que la iniciativa pasara con relativa facilidad por el Congreso.
Sin embargo, la unidad que se había logrado, no duró. El gobernador de Cundinamarca se erigió como una voz sonora en contra de la idea, lo cual ha ocasionado tensiones al interior de la agremiación. Ahora, el mensaje que se ha enviado es que no gusta, pues los entes públicos serían los grandes afectados y las arcas departamentales verían disminuidos sus recaudos.
Eso ha abierto un signo de interrogación sobre una reforma que merece un debate serio, profesional y detallado. Darle un entierro de tercera, sería un error garrafal, pues lo que lo que hoy existe funciona mal y fomenta ineficiencias y criminalidad.