A veces llegan cartas...

El pasado 6 de marzo una carta firmada por Mauricio Ibáñez, asesor corporativo de responsabilidad integral de la empresa petrolera de origen canadiense, Canacol Energy, le fue remitida a Monchy Yobany Moreno, alcalde de Orocué, un municipio ubicado en la parte oriental del Casanare. En la comunicación se le informaba al mandatario local que la compañía no se haría presente en una reunión citada tras el lanzamiento hecho días antes, por el Ministro del Interior, del programa ‘Alianzas para la prosperidad’.

Probablemente la negativa no habría pasado a mayores, si no hubiera sido porque en seis páginas el signatario hizo una serie de consideraciones. Lejos de rehusarse diplomáticamente a no estar presente en la cita, Ibáñez se refirió detalladamente a los temas de impacto ambiental, deterioro de la malla vial, participación laboral, adquisición de bienes y servicios locales e inversión social, que formaban parte de la convocatoria.

Especialmente punzante fue su afirmación al decir que cuando llega una empresa petrolera a un territorio “en los municipios donde el nivel de preparación académica es bajo, se presentan tres posibilidades: 1) se aspira a trabajar en un oficio no calificado dentro de la empresa. 2) Se aspira a montar una venta de refrescos y cerveza en inmediaciones de sus instalaciones. 3) Se aspira a ofrecer un servicio como alquilar una camioneta, arrendar una habitación u optar por ejercer la prostitución”.

Como es de suponer, eso cayó muy mal en la zona. Tanto, que Canacol se vio obligada a expedir un comunicado de prensa en el que desautorizó en su totalidad el contenido de la carta, pues fue enviada sin el permiso de los directivos de la compañía. Además, el pronunciamiento señaló que esta no refleja “los lineamientos de responsabilidad social empresarial que rigen nuestra operación en Colombia”.

Más allá del incidente, lo sucedido es una demostración más de las tensiones que ha creado la marcha de la locomotora minera en un buen número de poblaciones. Mientras el objetivo de una firma que llega a extraer petróleo es el de adelantar sus operaciones, para lo cual debe cumplir con diversos requisitos ambientales y tributarios, en las comunidades los reclamos incluyen los puntos citados, especialmente en lo referente a empleo e infraestructura.

La falta de entendimiento sobre hasta dónde puede llegar el sector privado y cuáles responsabilidades le competen al Gobierno, nacional o local, es fuente de permanentes roces. Por ejemplo, el número de bloqueos y protestas en Casanare pasó de 36 en el 2010 a 57 el año pasado, con una preocupante tendencia al mayor uso de la violencia.

Como si lo anterior fuera poco, el nuevo régimen de regalías ha impedido el giro de dineros para el pago de servicios tales como el transporte escolar o la alimentación de los estudiantes. La respuesta de los políticos locales ha sido la de tratar de pescar en río revuelto, impulsando las manifestaciones. En el caso de Orocué, el alcalde pretendía organizar una reunión con la presencia de mil personas, con lo cual el riesgo de una encerrona era muy alto.

Nada de eso justifica, por supuesto, las torpes afirmaciones del asesor de Canacol. Pero es peligrosa que siga la práctica estatal de olvidarse de sus responsabilidades y endilgarle las ‘papas calientes’ al sector privado, que no tiene cómo ni por qué responder a todas y cada una de las legítimas aspiraciones de la población que desea una mejor calidad de vida.

En tal sentido es interesante el ensayo de las alianzas de la prosperidad, como instancias de diálogo entre autoridades, compañías y personas, mientras tenga lugar el debido acompañamiento gubernamental.

Los reportes de los 22 encuentros hechos hasta la fecha, dan cierto espacio para el optimismo.

No obstante, en un contexto más amplio hay cierta sensación de alarma en el sector.

Aparte del evidente deterioro en la seguridad, las tensiones a nivel local complican el ritmo de una locomotora que viene andando bien, pero que empieza a encontrar obstáculos importantes en la vía.