Ventana de oportunidad

Antes de la llegada del coronavirus a territorio colombiano, el debate público en el país, en especial alrededor de la economía, giraba en torno a cuáles reformas impulsaría el Gobierno Nacional en el Congreso.

Desde el punto de vista político, la pregunta estaba en cuáles serían las prioridades legislativas con las que la Casa de Nariño estrenaría en este año su recientemente acordado bloque mayoritario.

En la opinión pública, e incluso en sectores como el empresarial y los medios de comunicación, la discusión sobre las reformas mantenía las angustias sociales y económicas que marcaron las protestas y el descontento ciudadano de finales del año pasado.

La irrupción de la pandemia y sus impactos sanitarios y socioeconómicos no solo trastocaron los ejes de estos debates sino también movieron el centro de gravedad hacia el Ejecutivo y lejos del Legislativo y sus bloques de oposición.

Un ejemplo claro de estos movimientos es el balance de la legislatura que acaba de terminar el fin de semana pasado. Si bien algunos proyectos con impacto económico fueron aprobados –como el de “Borrón y Cuenta Nueva” o el de “plazos justos”, entre otros–, el Congreso de la República no fue el escenario de debate de las reformas pendientes. De hecho, la cuarentena y el distanciamiento social dificultaron la mecánica de las sesiones legislativas y redujeron el tiempo de esta segunda parte de la legislatura.

Una gran responsabilidad de lo anterior recae sobre el Gobierno Nacional. El Ejecutivo congeló su agenda de reformas para concentrarse en el diseño y despliegue de la respuesta estatal a la amenaza del coronavirus.

Si bien esta decisión es comprensible para la primera etapa de la cuarentena, la reactivación de las actividades económicas debe estar acompañada de un retorno a la agenda de reformas, cuyo debate se suspendió por la llegada del coronavirus.

Más aún, el profundo impacto económico de las medidas sanitarias de la pandemia ha revivido la urgencia de algunas de las reformas. Por ejemplo, el golpe histórico de la crisis tanto al empleo como a la forma de trabajar no ha hecho más que resaltar la necesidad de actualizar las normas que rigen el trabajo en Colombia.

Cualquier plan de recuperación económica que esté diseñando el gobierno Duque tiene que incluir tanto iniciativas de choque para la generación rápida de puestos de trabajo como una hoja de ruta para una reforma en materia laboral.

La suspensión de la regla fiscal para 2020 y 2021 abre asimismo la oportunidad para que el Gobierno mejore su margen de maniobra en el gasto público. No obstante, el no tener esos límites institucionales en materia de gasto obligan a las autoridades económicas a diseñar una estrategia fiscal que genere confianza en la sostenibilidad de las finanzas públicas en 2022, incluyendo el espacio para reformas.

La pandemia distrajo por unos meses la presión pública sobre la Casa de Nariño para destapar sus cartas sobre la reforma pensional. Así el Gobierno apueste a una versión deslactosada de “protección a la vejez” que no resuelva el desbalance estructural que hoy aqueja a las pensiones, el debate público sobre este tema debe retornar.

Otros aspectos de la agenda de reformas pendientes como la administración de Justicia o el paquete de mejoras a la competitividad empresarial también podrían ser considerados.

Reactivar los sectores económicos sin impulsar, siquiera algunas de estas reformas, implica perder una ventana de oportunidad para adoptar cambios necesarios y urgentes para aumentar la productividad y preparar mejor a la economía colombiana al escenario post-covid19. Es el último chance del Gobierno para avanzar en dejar una huella reformista amplia.

Francisco Miranda Hamburger

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda