Victoria para el páramo

A primera vista, la decisión adoptada hace unos días por la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), en el sentido de establecer el Parque Natural Regional del Páramo de Santurbán con una extensión de 11.700 hectáreas, debería dar por finalizada la polémica sobre la necesidad de garantizar el agua y la calidad de vida en la capital santandereana. Al fin de cuentas, la determinación implica que actividades mineras, agrícolas o ganaderas no podrán estar dentro de la zona protegida.

Bajo esa perspectiva, los interesados en el área no tienen otro camino que levantar sus bártulos y buscar suerte en otras tierras. Incluso los vecinos de un distrito regional de manejo integrado de 600 hectáreas, que se agregarán a las ya anotadas, tendrán que adaptarse a la nueva realidad.

En la práctica, sin embargo, las cosas no serán tan sencillas. Aparte de que faltan las coordenadas precisas de lo que quedará protegido, hay varios aspectos en entredicho.

El primero tiene que ver con los 28 títulos mineros adjudicados, que cubren 9.612 hectáreas de parque y se encuentran de manera mayoritaria en poder de un par de multinacionales con sede en Canadá.

Si bien la posibilidad de que tales empresas obtuvieran una licencia ambiental para comenzar un proyecto de explotación de oro –ante la presencia de más de dos millones de onzas del mineral– era muy baja, no son claros los alcances de los derechos adquiridos en la fase de exploración.

Esta es clave para saber si se puede adelantar un proyecto subterráneo y no de cielo abierto.

El segundo punto es el impacto sobre los habitantes de aquellos municipios que están en el páramo.

La posibilidad de una protesta social es alta, si los pobladores consideran que se les ha recortado su posibilidad de ganarse la vida, ante la limitación de las tierras para el pastaje o para cultivos comerciales y de pan coger.

Por ejemplo, el Alcalde de Vetas dice que solo queda apto el 40 por ciento del territorio de su pueblo, mientras que Suratá también se siente seriamente afectado.

Eso, para no hablar de los mineros ilegales que operan desde hace años en esa parte de Santander y que pueden estar interesados en pescar en río revuelto.

La experiencia en las zonas del bajo Cauca muestra que movilizar a la comunidad es fácil, cuando se intenta poner estas actividades en cintura.

El tercer elemento tiene que ver con las propias aspiraciones de sectores de la sociedad bumanguesa.

El motivo es que el llamado sistema biogeográfico que comprende, entre otros, los páramos de Santurbán y el Almorzadero, tiene más de 438.000 hectáreas, en cuya supervisión participan tres corporaciones autónomas regionales.

Por cuenta de esa situación, hay quienes piensan que toda la zona debería quedar protegida, por lo cual la presión va a continuar para que se produzcan más medidas.

Todo lo anterior es consecuencia de una decisión que es correcta, como es la de cuidar los páramos, que son un eslabón fundamental en la protección de los recursos hídricos. Más allá de la riqueza minera que se encuentre en el subsuelo, es legítimo que la sociedad escoja que el agua está por encima del oro o el carbón, para solo citar dos casos.

Pero el punto fundamental es que las entidades estatales tienen que entender que comienza un nuevo capítulo, tal vez con más desafíos que el previo.

Como sostuvo el subdirector del Instituto Humboldt, Jerónimo Rodríguez, no se puede caer en el falso supuesto de que la existencia y la protección de un ecosistema dependen de su delimitación.

De tal manera, hay que recuperar el tiempo perdido y ampliar el trabajo a las 34 zonas de páramo que existen en Colombia.

Solo así será posible actuar de manera preventiva y no reactiva en un país en el que la protección del medio ambiente y la minería pueden coexistir, mientras los linderos de cada uno se encuentren debidamente establecidos.