Vientos cruzados

Que Colombia no es un país fácil de gobernar es algo que saben tanto los políticos profesionales, como la ciudadanía.

En medio de su vitalidad, el país enfrenta con frecuencia vientos cruzados que impiden mantener el rumbo o llegar a lo que los navegantes conocen como la velocidad de crucero.

Por cuenta de esa situación, es usual que las épocas de calma duren poco y, lo que es peor, que lo urgente no deje espacio para lo importante.

Una prueba de esa afirmación es lo que ha ocurrido durante noviembre. Al menos en tres escenarios diferentes han surgido inconvenientes que no eran fáciles de prever y que afectan tanto la sicología colectiva, como la capacidad del Gobierno de impulsar su agenda a los ojos de la opinión y del propio Congreso. De hecho, podría decirse que la Casa de Nariño se encuentra una vez más a la defensiva, algo que limita su capacidad de acción a la hora de lograr los cambios que se ha propuesto.

El primer ejemplo de esa compleja realidad es el caso InterBolsa. Si bien la desaparición de la firma comisionista no trajo consigo el efecto dominó que algunos temían y podía haber contagiado a otras sociedades bursátiles o al propio mercado de capitales, las secuelas de su descalabro son evidentes.

Estas van más allá de las 600 personas –entre naturales y jurídicas– que quedaron atrapadas en la red de los repos de Fabricato o de los 1.200 aportantes al Fondo Premium, que hoy se enfrentan a la posibilidad de recibir apenas una fracción de su dinero.

Las revelaciones sobre manejos impropios afectaron la confianza del público en todo un sector que, de alguna manera, se expone a pagar el costo de los platos rotos que otros quebraron. Esa realidad se complementa con los ataques y la sombra de duda que se ha levantado sobre las autoridades, que en concepto de sus críticos, debían haber reaccionado más temprano.

El segundo tema que ha revuelto el río es el desarrollo de los diálogos de paz en La Habana.

Pese a los esfuerzos de los negociadores gubernamentales, las Farc han venido utilizando los micrófonos con gran frecuencia.

Tanta locuacidad –combinada con el silencio de los voceros oficiales– genera cierto desequilibrio que no necesariamente es comprendido en Colombia.

Falta ver si el esquema para que la sociedad civil haga sus aportes ayuda a aclarar las cosas o, por el contrario, aumenta el tono de las voces discordantes.

El tercer asunto que complica la coyuntura es el del archipiélago de San Andrés. Aparte de la sorpresa inicial del Ejecutivo –que no había contemplado en sus escenarios un desenlace tan desfavorable en La Haya– sigue sin haber un curso de acción claro.

En lugar de que se aclaren las aguas, las sucesivas declaraciones de ministros y negociadores enredan más la trama, aparte de los ambivalentes mensajes sobre la posible denuncia del Pacto de Bogotá, mediante el cual el país reconoció la jurisdicción de la Corte Internacional de La Haya.

Tales episodios –a pesar de tener génesis diversas– se han combinado para que regrese una sensación de desánimo que, de continuar, puede afectar las expectativas y el desempeño de la economía.

Ante ese peligro, la administración tiene que reaccionar con rapidez, enviando señales claras que ayuden a que retorne la calma.

Así, en lo que hace a InterBolsa se debe defender el esquema de regulación vigente, reconociendo que hay que mejorar los instrumentos a la mano para lo cual sería aconsejable expedir normas con prontitud.

Con respecto a los diálogos en Cuba, lo aconsejable es que el jefe de los negociadores del Gobierno dé un reporte periódico sobre el avance de las conversaciones con el fin de que haya otra perspectiva. Y sobre San Andrés, la vocería del tema tiene que quedar únicamente en el Presidente y la Canciller, que a sus palabras necesitan agregar programas concretos para mejorar la calidad de vida de los habitantes del archipiélago. Así comenzaría a desenredarse la pita.