Vuelve y salta la liebre

Chipre es uno de esos países que sale poco en las noticias. Ubicado en el extremo oriental del mar Mediterráneo, más cerca de Asia que de Europa, tiene, apenas, algo más de un millón de habitantes y un gran problema pendiente de ser resuelto.

Si bien los historiadores podrían decir que ese gran inconveniente es su relación con Turquía, que invadió la isla en 1974 y formó una república que abarca una tercera parte del territorio y solo es reconocida por Ankara, el lío mayúsculo es más reciente. Este consiste en las angustias financieras que enfrentan los bancos chipriotas que se encuentran al borde de la quiebra, ante lo cual el Gobierno en Nicosia tuvo que solicitar la ayuda de la Unión Europea.

En respuesta, el bloque comunitario dio una contestación afirmativa el fin de semana, que consiste en girar unos 10.000 millones de euros con el fin de contener la avalancha. No obstante, Bruselas pidió a cambio un esfuerzo por parte de las entidades de crédito de la pequeña nación, que manejan fondos muy superiores al tamaño de su economía.
La fórmula encontrada fue la de aplicarles un impuesto a los depósitos, inicialmente establecido en 9,9 por ciento para los saldos de más de 100.000 euros y en 6,75 por ciento para las cuantías inferiores a dicha suma. En consecuencia, se decretó un feriado bancario –conocido coloquialmente como ‘corralito’–, tras el cual todos los cuentahabientes recibirían su dinero, descontado, en una sola cuota, el tributo mencionado.

Parte de la lógica detrás de la medida es que Chipre es usado como un refugio para evadir al fisco. De los 65.000 millones de euros que han recibido los bancos de la isla, unos 27.000 millones son propiedad de extranjeros y más de la mitad pertenece a ciudadanos rusos. De tal manera, suena apenas razonable que los ahorradores que han sacado la plata de sus países paguen parte de la cuenta y no los contribuyentes del Viejo Continente.

Sin embargo, dicha política rompe con un principio no escrito en la Unión Europea, en el sentido de que el público puede tener la garantía de que sus fondos están a salvo. Esa regla de oro es fundamental para mantener la credibilidad de un sistema, que en oportunidades anteriores, ha sido rescatado. Ante lo sucedido, más de un inversionista se ha puesto nervioso, pues a primera vista es mayor la probabilidad de que en economías que se encuentran en problema como las de Grecia, España e Italia pueda pasar lo mismo.

En respuesta, las autoridades han señalado que no se pueden comparar peras con manzanas y que el caso chipriota es único. A esa urgencia se le ha agregado otra, como es la de redistribuir las cargas, pues en Nicosia las protestas han subido de nivel para que las cuentas de menos de 100.000 euros no paguen nada.

Enfrentado a la posibilidad de que el rescate no sea aprobado en el parlamento, el Gobierno del presidente Nicos Anastasiades tuvo que pedirle clemencia a Bruselas. La respuesta es que los europeos aceptan que los depósitos más pequeños se libren de la carga, pero con la condición de que la cantidad recaudada sea la misma. En otras palabras, los más adinerados perderían hasta el 15,6 por ciento de sus saldos, aunque la proporción exacta todavía no se ha definido.

Pero más allá de la solución a la que se llegue, el mensaje es que en la economía global no es posible aislar los problemas, solo contenerlos. A pesar de que el Producto Interno Bruto de Chipre representa apenas el 0,2 por ciento del de la Unión Europea, los vasos comunicantes operan y tienen efectos sobre los mercados de valores, que ayer registraron cifras en rojo en la mayoría de las latitudes.

Falta, también, ver el impacto que tiene la aplicación de un ‘corralito’ que tendrá secuelas importantes en el largo plazo. Y no solo en el Mediterráneo, sino posiblemente en otros mares en donde el oleaje sigue agitado.