El reto industrial

La falta de instituciones que respondan por las necesidades de desarrollo de la industria se nota en primer lugar por la ausencia de iniciativas que busquen ese objetivo.

Si se pregunta quién tiene a su cargo y está activamente trabajando para atraer a firmas extranjeras que establezcan unidades de producción en las dos costas colombianas, sería una sorpresa que apareciera alguna entidad pública que dijera que lo está haciendo con algún éxito. Tampoco es probable que se pueda identificar un ente oficial o alianza público-privada que esté laborando para resolver problemas tecnológicos o romper cuellos de botella.

No se vislumbra una cooperación entre gobiernos, a nivel nacional o local, y universidades para crear programas que les faciliten a las industrias pequeñas y medianas acceder a tecnología o resolver sus problemas de ingeniería. Se carece de una política de Estado que establezca responsabilidades específicas para darle apoyo al sector industrial o a cualquier otro.

Se necesita que una organización o un grupo de ellas esté pensando de dónde provienen las amenazas tecnológicas, advirtiéndoles estos peligros a las compañías o apoyándolas en su transformación, antes de que el cambio tecnológico las deje sin valor, dice Juan Benavides, de Fedesarrollo. Él piensa que estas transformaciones y la innovación no van a surgir espontáneamente en el sector privado y cree necesario que intervenga el Gobierno, con financiación pública para investigación y desarrollo en tres o cuatro sectores claves y aportes de ‘ángeles’ (ojalá privados) a proyectos piloto que aprovechen los frutos de esa investigación.

El lío con una actividad de tal naturaleza financiada por el Estado es que no hay un organismo público para hacer esa labor, ni tradición o un protocolo a seguir para llevarla a cabo. Se requiere un liderazgo oficial, muy bien asesorado, para adelantar con eficacia y pulcritud el tipo de tareas que se señalan como necesarias y ausentes.

Las oportunidades para sacarle jugo a esta actividad están presentes. Tanto el desarrollo agropecuario como el auge de la construcción de infraestructura demandan maquinaria que, por lo menos parcialmente, puede ser producida en el país por empresas nacionales o extranjeras.

Ana María Ibáñez hace la cuenta de que solo el 16,6% de los 2,7 millones de productores agropecuarios tiene acceso a maquinaria; el 18,8%, a sistemas de riego, y el 16,8% a construcciones productivas.

La necesidad de que las exportaciones de bienes manufacturados llenen parte del vacío que han dejado las de petróleo, carbón y otros productos básicos exige grandes inversiones en investigación y desarrollo para identificar la clase de productos de mayor complejidad que podemos producir y para atraer productores. Todo esto apunta a la necesidad de crear una entidad pública o mixta que sea capaz de responder productivamente a ese desafío.

Exministro de Hacienda

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