La lupa contra la corrupción

El viernes pasado las cabezas de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría presentaron los primeros resultados del esfuerzo conjunto de los tres entes de vigilancia contra el mal manejo de recursos públicos en el marco de la lucha frente a la pandemia.

El panorama revelado es preocupante. El gobernador del Chocó, Ariel Palacios, y el alcalde de Calarcá en Quindío, Luis Balsero, han sido suspendidos por el Ministerio Público por contratos irregulares. Hay 70 procesos disciplinarios en 55 municipios y 24 procesos en 14 gobernaciones.

El reporte de la Fiscalía muestra la decisión de abrir investigación preliminar contra el Ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, por concentración en los créditos de Finagro a grandes productores, y contra los gobernadores de Vichada, Magdalena, Arauca y San Andrés. La Contraloría, por su parte, investiga cuatro contratos de la gobernación del Valle del Cauca y revisa más de 17 mil contratos en todo el país.

El primer balance de este ejercicio tripartito llamado ‘Transparencia en la Emergencia, ratifica los temores iniciales sobre el aprovechamiento que muchos mandatarios locales y funcionarios públicos harían de la crisis de la pandemia para incurrir en irregularidades. Los hallazgos de las tres entidades se distribuyen lamentablemente por todo el territorio nacional: desde Vaupés hasta el Cesar y desde La Guajira hasta Nariño.

La magnitud de la crisis desatada por el coronavirus en Colombia, que tiene en jaque al sistema de salud y en tránsito hacia una recesión a la economía, demandará de todos los recursos que el Estado cuenta a su disposición. Nunca es momento para la corrupción, pero robar dineros públicos escasos en momentos de emergencia sanitaria y fiscal debe ser castigado con todo el peso de la ley.

No se puede olvidar que esos recursos que se desvían a los bolsillos de unos pocos corruptos son necesarios para salvar vidas, proteger del hambre, dotar a los trabajadores de la salud o impedir que las empresas destruyan puestos de trabajo.