Guerra, tierra y paz

Todos los caminos conducen al sector agropecuario cuando se pretende hablar de paz. Confluyen en él todos los factores de violencia política, económica y social.

En lo político, los actores de la violencia son demasiados: los paramilitares y la delincuencia común, ahora representadas por las denominadas Bacrím, la guerrilla, el narcotráfico, los políticos y empresarios del campo aliados con una u otro de esos flagelos. Lo terrible es que cada uno de esos sectores se encuentran representados en instituciones como el Congreso, la justicia y hasta el ejecutivo, “todos a una como en Fuenteovejuna”, defendiendo a ultranza los intereses de lo que hasta ahora han acumulado.

En lo económico, se encuentran, en primer lugar, los acuerdos internacionales con Estados Unidos y la Unión Europea, los cuales atentan contra la soberanía alimentaria y su sostenibilidad, especialmente por la competencia desleal derivada de los subsidios que establecieron los países desarrollados en cereales, cárnicos, lácteos, etc. Y, de otra parte, los monopolios que establecen precios draconianos y abusivos en los agroquímicos.

Para los países desarrollados estos aspectos son de seguridad nacional o alimentaria como prevención al desabastecimiento en caso de guerra. Para nosotros, paso también a ser un factor de seguridad nacional, sencillamente porque si no se solucionan no superaremos el conflicto interno.

Los acuerdos con los países latinoamericanos han debilitado las posibilidades legales e institucionales de responder a crisis de superproducción, lo que aunado al contrabando y el lavado de activos, son factores que se han convertido en comportamientos ‘cuasi normales’ en las importaciones que compiten con la producción nacional.

En lo interno, otra vez el lavado de activos. Se siembra, sin tener en cuenta ni costos ni precios, simplemente hay que legalizar de alguna manera el dinero del narcotráfico. A lo dicho se suma el permanente conflicto en el campo entre minería, medioambiente, frontera agrícola y cultivos depredadores que en muchos casos acaban con la posibilidad de hacer sostenible la utilización de largo plazo de la tierra.

En lo social, el más alto índice en Latinoamérica de concentración de la tierra en unos pocos, el desplazamiento forzado (violencia social y económica), leyes y estructuras regionales que impiden la política de legalización, restitución o entrega de baldíos al campesinado. Herencia delincuencial en la entrega ilegal de tierras por parte del Estado, insuficientes recursos para reparación de las víctimas. Muerte a los defensores de los derechos humanos y, tantas otras cosas más.

Y, todavía nos preguntamos el por qué es el principal punto en las negociaciones de La Habana y nos sorprendemos de ver a los representantes de la debacle defendiendo el resultado de décadas de violencia. Cuando en el 2013 se gestó el Paro Agrario y lo sentimos en las ciudades, abrimos temporalmente los ojos y observamos la tragedia.

Ojalá nuestra corta memoria no nos impida ver y apoyar las soluciones a tan terrible realidad.

Germán Umaña M.
Decano de Economía, Universidad Central
germanumana201@hotmail.com