Iniquidad mercantil

Por estos días se inicia la renovación de la matricula mercantil para todas las personas naturales o jurídicas que ejercen actividades de comercio, y de nuevo se pondrá de manifiesto una iniquidad que hace exageradamente más gravosa la actividad mercantil de los micro y pequeños empresarios respecto a las grandes corporaciones y demás conglomerados económicos.

El decreto inicial de 1993, divulgado orgullosamente por el ministro de Desarrollo Económico de entonces, Luis Alberto Moreno, fijó unas tarifas diferenciales para la renovación mercantil, según el nivel de activos del empresario, simulando un aumento en el costo del precio que pagan los comerciantes a medida que sus activos son más altos, pero en la práctica, lo que sucedió fue que a los pequeños comerciantes se les asignó una tarifa costosa y a los grandes una mucho menor, relacionada con los cuantiosos balances que contabilizaban. No siendo importante el tema de equidad empresarial en esta materia, los gobiernos de Samper y Pastrana, en los años 1995 y 2002 respectivamente, revalidaron en sendos decretos dicha filosofía actualizando la tabla.

Un tendero, a título de ejemplo, con activos de $50 millones pagará este año por su renovación mercantil la suma de $416. 000 a su cámara de comercio, en tanto que una gran empresa con activos valorados en $496.000 millones pagará sólo la suma de $1’472.000, cuando esta última es 9.920 veces más grande que el micro- empresario de barrio. En términos reales, este microempresario con dicho nivel de activos, pagará para continuar ejerciendo su actividad de comercio el 0,83% del valor contable de su empresa, mientras que el gran empresario desembolsará una suma más alta, pero que equivale sólo al 0,0003%.

Otro sería el análisis del actual decreto si el mismo porcentaje asumido por el tendero del ejemplo lo pagara en la renovación mercantil el más pequeño de los bancos de nuestro país con activos superiores a los 10 billones de pesos, ya que no pagaría sólo 1.47 millones de insignificantes pesos, sino la suma de $83.000 millones (0,83%) por sus activos.

Adicional a la clara desproporción anterior –originada en el gobierno de Gaviria–, a precios de hoy, la tarifa es más costosa en un 58%, y que si la vemos con el efecto de la inflación, la inscripción y renovación de la matrícula mercantil en nuestro país ha aumentado 9.2 veces desde 1993 en razón a sus actualizaciones.

Dadas las perjudiciales demoras del Consejo de Estado en atender las diferentes nulidades presentadas en contra del Decreto 393 de 2002, y la inexistente agenda en el Congreso para analizar y legislar sobre este aspecto, ya es hora para que el Gobierno Santos aborde definitivamente esta desigualdad observada en el emprendimiento empresarial, recordando que son las micro y pequeñas empresas las mayores generadoras de empleo y las más intensas dinamizadoras de nuestra economía.