Luto en la Dian

Los cobardes asesinatos de los funcionarios de la Dian demuestran que detrás de los delitos contra el Tesoro nacional se esconden personajes más siniestros y peligrosos que los delincuentes de cuello blanco, ahora tan abundantes.

La evasión tributaria no es un fenómeno extraño en Colombia; por su parte, el contrabando ha florecido en ciertas regiones, exaltado hasta en las canciones, donde forma parte del folclore. Pero cuando estas dos actividades se utilizan como vehículos para legalizar el dinero proveniente de otros crímenes, como el secuestro, la extorsión y el narcotráfico, la situación es mucho más grave.

El contrabando permite el lavado de dinero a través del ingreso de bienes en forma subrepticia o mediante la subfacturación, de la misma manera que lo hace el reintegro de divisas producto de exportaciones inexistentes o sobrefacturadas –que además se roban el IVA–.

Varias son las causas, empezando por las propias leyes. Las legislaciones tributarias y aduaneras están plagadas de normas excepcionales y permisivas, que ignoran por la verdadera capacidad de control que tiene el Estado. Por ejemplo, las medidas que dieron excesiva libertad a las SCI, las que inundaron de vehículos de contrabando -muchos robados- las zonas de frontera o las que permiten el ingreso de mercancías a determinados puertos, prácticamente sin papeles.

Hace varios años, Álvaro Gómez Hurtado denunciaba que en las aduanas se pagaba por conseguir un cargo, y quizá esa situación no esté tan lejana, porque la Dian ha sido siempre un bocado apetecido por los pícaros y por la politiquería corrupta. Los funcionarios honestos tienen que luchar incluso hacia adentro, porque muchas formas delictivas cuentan con la complicidad de infiltrados, como se ha podido apreciar en el caso de las devoluciones fraudulentas.

Y es que en materia de fraudes al fisco, las investigaciones son difíciles, porque los autores no confiesan ni denuncian a los funcionarios involucrados, por temor a represalias o porque se sienten seguros de la fortaleza de las organizaciones criminales que han montado a través de los años.

La administración pública necesita con urgencia una verdadera carrera administrativa tributaria, como existe en la mayoría de los países organizados, donde los cargos del nivel central y de las seccionales no se usen como botín burocrático de los politiqueros, que, como decía Álvaro Gómez, buscan algo más que colocar a un amigo. Hay que aprovechar la oportunidad de contar con un líder con la entereza, capacidad y transparencia de Juan Ricardo Ortega.

Para cumplir esta misión, el Gobierno debe gozar de amplias facultades, de manera que se pueda blindar a la Dian de influencias extrañas y dotarla de los mejores recursos humanos y tecnológicos para el cumplimiento de su delicada misión, una de las más importantes de la administración pública. No se puede aspirar a menos, si de verdad queremos que el país sea, pero con merecimientos, un miembro del exclusivo club de la Ocde.