El difícil camino de la recuperación

Después de crecer a una tasa promedio del 4,4 por ciento en el periodo 2000-2014, la economía colombiana apenas llegó a 3,1 por ciento en el 2015. No es la primera vez que se registra tal situación, pero preocupa que en esta pueda prolongarse por varios años; de hecho, las proyecciones para el 2016 se ubican en un rango entre 2,5 y 3,0 por ciento, y, según el FMI, solo volveremos al promedio de largo plazo después del 2020.

Necesitamos un debate amplio sobre las opciones de política que tiene Colombia y las reformas requeridas para mejorar esas expectativas. A continuación se mencionan algunos de los temas que limitan el mejor desempeño económico y plantean los principales retos, para el gobierno y para la sociedad.

El escenario internacional. Son múltiples los factores que postraron el comercio internacional, frustrando la esperanza de economías como la colombiana de aprovechar la depreciación de la moneda para diversificar la canasta exportadora.

La caída del comercio internacional refleja el bajo dinamismo de la demanda agregada, asociado a varios aspectos: el débil crecimiento de las economías desarrolladas, a pesar de las medidas heterodoxas aplicadas por los bancos centrales; la desaceleración de China, que ocasionó la caída de los precios de los productos básicos; la crisis de Rusia, Brasil y otros emergentes por el desplome de los precios del petróleo, y las salidas de capitales hacia las economías desarrolladas.

El problema es que no se vislumbra a corto plazo un cambio de escenario y las autoridades económicas colombianas poco pueden hacer. Los economistas no se ponen de acuerdo sobre las causas del prolongado estancamiento poscrisis y el recetario de política económica tiende a agotarse.

Déficit de cuenta corriente. La sostenibilidad del déficit en cuenta corriente no ha tenido el debido debate en Colombia, y este es un aspecto en el que los analistas internacionales y las calificadoras han puesto señales de alerta. La caída de las exportaciones por los choques externos contribuyó al aumento del déficit en cuenta corriente; según el Gobierno, cerró el 2015 en 6,4 por ciento del PIB y se proyecta en 6,1 por ciento en el 2016.

Las esperanzas del país estaban cifradas en la rápida contracción de las importaciones, el repunte de las exportaciones no minero-energéticas y el incremento de servicios como el turismo. Se ha visto, hasta ahora, cierta rigidez de las importaciones por las necesidades de materias primas y bienes de capital no producidos localmente; y en el caso de las ventas externas, como ya se anotó, la dinámica de la demanda mundial no permite mayores avances.

Aun cuando en el corto plazo se prevé que los ingresos por la cuenta de capital pueden financiar sin problema el déficit de la cuenta corriente, cualquier perturbación exógena de los mercados financieros globales puede cambiar el panorama. Además, resulta indispensable cuidar los flujos de inversión extranjera, los cuales se pueden deteriorar si Colombia decide incumplir sus compromisos adquiridos en el seno de la Organización Mundial de Comercio y en los tratados de comercio e inversión.

Por ejemplo, el manejo de las licencias ambientales otorgadas en zonas de páramo requiere cuidadosa atención.

Déficit fiscal. Los ingresos del Gobierno cambiaron estructuralmente con la caída de la renta petrolera. Como los recursos de la bonanza minero-energética y los de impuestos temporales financiaron gastos que se volvieron permanentes, el resultado es un déficit fiscal mayor al previsto en la ley de la regla fiscal.

El país necesita tramitar este año una reforma tributaria estructural con múltiples objetivos: compensar parcialmente la práctica desaparición de la renta petrolera; reducir la tasa efectiva de tributación de las empresas y aumentar la de las personas naturales; mejorar la equidad vertical y horizontal; fortalecer la administración tributaria para aumentar la productividad de los impuestos y combatir la evasión y la elusión.

El gran reto para el país es lograr una especie de pacto fiscal que blinde la reforma contra los intereses sectoriales y regionales, y haga posible un estatuto tributario moderno, con reglas de juego claras y estables.

Gasto público. Las reformas tributarias fiscalistas siempre fueron detrás de un gasto público en aumento por nuevas normas legales o sentencias de las cortes. Por eso, es vital la incorporación del gasto en el pacto fiscal propuesto.

Las medidas sobre el gasto público deberían orientarse hacia objetivos como los siguientes: devolverle la flexibilidad, para que en épocas de austeridad no solo se sacrifique la inversión. Crear un vínculo entre gasto temporal y los impuestos temporales que lo financian. Focalizar el gasto social hacia quienes realmente lo requieren, lo que implica el acceso de los beneficiarios por condiciones objetivas, no por clientelismo o populismo judicial. Diseñar mecanismos de graduación para los receptores de las ayudas directas; este diseño de la política coadyuvaría en el propósito de aumentar la formalización de la economía. Por último, recuperar el poder redistributivo del gasto, ello implica, por ejemplo, una reforma pensional estructural que elimine los subsidios regresivos en el régimen de prima media.

Posconflicto. La inminencia de un acuerdo de paz con las Farc y del inicio de negociaciones con el Eln, tendrá repercusiones en la política fiscal, que no han sido contempladas en los debates sobre la reforma tributaria estructural. Es importante que el Gobierno empiece a socializar los costos estimados del posconflicto, al menos de los acuerdos logrados hasta el momento, para poder abordar las opciones de su financiación.

En síntesis, la problemática que enfrenta el país para asegurar un mayor crecimiento es variada y compleja. Pero de las situaciones difíciles surgen oportunidades cuando se enfrentan los problemas, se debaten las opciones y se adoptan las reformas pertinentes.

Presidente Ejecutivo de Fasecolda.