‘Ausencia de ley y economía’

Avinash Dixit publicó en el 2007 el libro Lawlessness and Economics (el título de la columna de hoy), que le viene como anillo al dedo a Colombia. Este profesor de economía en Princeton, de origen hindú, se pregunta cómo pueden protegerse los derechos de propiedad y hacer valer los contratos cuando el imperio de la ley no existe o es ineficaz.

Dixit deriva, con ayuda de modelos matemáticos sencillos y potentes, el tipo de acuerdos que pueden darse los agentes privados para trascender la ausencia o la debilidad de las instituciones débiles.

Haciendo un resumen injusto y apretado del libro, se comprueba que es posible diseñar mecanismos ingeniosos que logran materializar transacciones difíciles. De esta forma, surgen esquemas de microfinanzas, crédito y seguros, contratos de riesgo compartido o relacionales, entre otros.

La posibilidad de interacciones repetidas, la presión cultural y el alineamiento de intereses funcionan, incluso en presencia de leyes bien concebidas, pero que pueden tener un costo explícito o de tiempo al usarse. El problema de estos arreglos es su circunscripción a comunidades pequeñas y cerradas en las que se tiene confianza interna, o en las que hay posibilidad de supervisión y aplicación de penalizaciones que se acatan culturalmente. En otras palabras, estos mecanismos no se pueden escalar.

El crecimiento del tamaño de los negocios requiere hacer tratos con desconocidos. Cuando la ausencia de ley permite la depredación o expropiación en negocios de alto riesgo, la innovación se inhibe. Cuando los empleados del Estado solo tienen un panorama de bajos salarios y pérdida de su patrimonio, muy pocas personas capaces entran al servicio público.

Las instituciones fuertes ayudan a cumplir los contratos al ceder a una tercera parte neutral e idónea la aplicación de penas disuasivas.

En Colombia, esta tercera parte está desacreditada. En las cortes y los entes de control pululan personajes que parecen sacados de la literatura de Germania: seres humanos pequeños, ambiciosos, arbitrarios, vengativos; muchos de ellos son conflictos de interés ambulantes. Las pequeñas empresas, los ciudadanos del común y los funcionarios públicos no pueden desarrollar cada uno su papel social sin temor permanente.

En Colombia, la debilidad de las instituciones es proporcional al tamaño y poder de los entes de control y de las atribuciones de las cortes que se autonombran por fuera del esquema de pesos y contrapesos.

La expresión magnífica de la debilidad institucional se mide por la inflación normativa, que ayuda al desorden del que se lucran los agentes más poderosos y bien conectados. No debe sorprender, entonces, el alto nivel de corrupción en la contratación estatal, cáncer que se propaga capilarmente en todo el cuerpo del Estado a la velocidad de la emisión de nuevas normas que quitan y asignan rentas.

Las cifras macroeconómicas estables conviven con una microeconomía y unos incentivos distorsionados, a todo nivel. No soy optimista con respecto a la reforma de la justicia y al restablecimiento del balance de poderes porque no han cambiado los fundamentos de extracción de rentas que perpetúan la debilidad institucional y el desorden.

No han despegado sectores económicos modernos que aumenten la demanda por instituciones fuertes. Lo que no es un equilibrio en las aspiraciones de la sociedad no puede sostenerse con decretos.