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La caja atrapada

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La Agencia Nacional de Infraestructura anunció los seis primeros proyectos viales, dentro de un plan de 30, que demandarán una inversión de $40 billones, y permitirán la participación de fondos privados de pensiones y de infraestructura dentro del marco de la ley de Alianzas Público Privadas.
Más allá de la buena noticia que esto representa, genera gran expectativa la forma como se ejecutarán estos 30 proyectos, con el fin de garantizar su eficiente cumplimiento.
Infortunadamente, Colombia ha retrocedido en el ranking de competitividad del Foro Económico Mundial, pasando del puesto 68 al 69, entre otros factores, por el rezago en infraestructura.
Con todo, la apuesta no está perdida y el Gobierno Nacional está ejecutando 100 acciones que mejorarán la competitividad. Asimismo, gracias a la eficiente gestión fiscal, el país viene acumulando abundantes recursos para atender necesidades inaplazables en innovación, infraestructura, educación y funcionamiento de sus instituciones.
La expectativa está centrada en el ‘plan de choque’ que se requiere poner en marcha para la ejecución de los proyectos de inversión y superar lo que he denominado ‘el síndrome de la caja atrapada’, que por cuenta de un sistema complejo, impide que se invierta lo suficiente y de forma eficiente.
Tenemos dificultades no solo en infraestructura, sino en salud e innovación, por poner solo tres ejemplos, en donde existen suficientes recursos que son un amortiguador importante frente a la desaceleración de la economía.
La Constitución del 91 representó avances para el país, entre ellos, la protección de las minorías.
Se ha profundizado una cultura de respeto de los derechos humanos, pero no en la reglamentación de la manera como las minorías deben ser consultadas en materia de licencias ambientales, y, a la vez, evitar que ‘avivatos’ reivindiquen derechos sobre territorios en los cuales su presencia solo surge al anunciarse los proyectos viales.
La dilación de las obras por este aspecto perjudica a esas mismas minorías y los 46 millones de colombianos que ven con frustración el rezago en sus vías.
De allí, que un plan de choque en el sector de infraestructura no deba contemplar solo la definición de los proyectos y los recursos, sino todos los aspectos en donde surgen trabas. Paradójicamente, a veces ocasionadas por la falta de coordinación entre las mismas entidades públicas.
De otro lado, está el tema de la corrupción, ocasionada por una minoría, unos sectores que han medrado de los recursos públicos, frente a los cuales se debe seguir actuando con todo el peso de la ley. Pero esta lucha necesaria, y que debe llegar hasta sus últimas consecuencias, se ha extrapolado al punto de generar un manto de duda sobre toda la ejecución y sus responsables, llevando a la parálisis por un síndrome: el miedo a ejecutar.
Sin duda, hay que vigilar milimétricamente la ejecución de los recursos públicos, pero también definir un modelo basado en la construcción de confianza que permita conjurar las trabas que nos impiden el desarrollo.
Es el momento de una reflexión profunda y de actuar rápidamente en un plan de choque que promueva mayor ejecución de la inversión pública, para superar el ‘síndrome de la caja atrapada’, que obstaculiza la gestión fiscal por cuenta de procesos y controles que paralizan e inhiben a funcionarios y empresarios.
Julián Domínguez Rivera
Presidente de Confecámaras
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