‘Trigo limpio’

Así dicen los españoles para señalar lo que está libre de polvo y paja. Sería una buena enseñanza para una campaña en el país que remueva los lastres que impiden a Colombia avanzar cuando de propósitos colectivos se trata.

Lastres que subyacen en culturas perversas (qué gran contradicción) que a lo largo de nuestra historia se han incorporado en el alma nacional, en ocasiones justificadas por la picaresca como defensa para sobrevivir en un Estado hostil o simplemente en la excusa para acallar las culpas.

Cuando se plantea una nueva reforma tributaria, surgen voces que hacen honor a este espíritu. Por un lado, de los pocos contribuyentes (solo 600 mil de los 47 millones de colombianos pagan impuesto de renta), quienes sienten nuevas cargas, y por otro, de aquellos que no pagan y se ven amenazados por la nueva tributación.

Por encima de los aspectos técnicos de los impuestos, subyace la evasión calculada de $20 billones, cuando con la reforma se pretende recaudar $12,5 billones que se requieren para el presupuesto del próximo año. La evasión es una expresión de la informalidad y de la desinstitucionalización que padece el país, que se manifiesta en el uso de las vías de hecho, la cultura del atajo, la ley del más fuerte, el abuso del derecho y la intolerancia.

Así como lo estamos haciendo con la paz, tenemos que lograr que la sociedad en su conjunto se sincere, que el país aprenda a decir la verdad y a jugar limpio.

Se requiere trabajar en campañas y programas dirigidos a aumentar la conciencia comunitaria de que la responsabilidad social empieza con el cumplimiento de las leyes y las obligaciones, para que ante las decisiones de la vida cotidiana, en la mente de los ciudadanos exista el freno a actuar por fuera de la legalidad. Fomentar esta cultura es un deber que nos compete a todos y, como todo proceso que implica cambio en los modelos mentales, debe ser de largo aliento y tener continuidad.

Y es que la cultura de la ilegalidad invade el campo de la formalización empresarial y laboral, con grandes costos para la economía y la sociedad. De acuerdo con las últimas mediciones realizadas, en el país hay más de 13’500.000 personas trabajando en la informalidad y el 41% de las empresas son informales. Prevalece en ellos la percepción de que los beneficios de la formalidad se alcanzan a largo plazo y los ‘beneficios’ de la informalidad son inmediatos.

Lo grave es que la informalidad debilita las instituciones, convirtiéndose en un ejemplo de antivalores y en un incentivo perverso que afecta, en primer término, a los mismos informales y, en segundo, a los formales, que llevan en sus hombros la carga de los servicios del Estado.

Por lo tanto, es fundamental promover una cultura de la formalidad y legalidad, en la cual se acepte por todos los ciudadanos las normas previamente establecidas y acordadas por la sociedad, a través de un gran acuerdo nacional y una campaña que involucre a toda la institucionalidad pública y privada.

Un país que tenga una base empresarial más sana, con bajos niveles de informalidad y que cumpla con sus obligaciones, podrá mejorar y sostener sus niveles de crecimiento y el bienestar de la gente por medio de una mayor equidad social, cuyos recursos provienen de que se distribuyan mejor las cargas y no que unos pocos, como ocurre hoy, lleven el peso por ejemplo, de las pensiones o de la salud de cobertura universal que pretendemos en el nuevo Estado Social de Derecho.

No existen otras vías, mucho menos atajos, para alcanzarlo.