¡Hipocresías!

Como todos los colombianos, sin excepción, somos dueños de la única verdad, vale la pena mirarnos al espejo para comprobar si le somos leales a esa verdad verdadera.

El más reciente grito de altura moral lo están dando organizaciones que dicen defender al pueblo de los desastres ambientales que los malvados del gobierno y los diablos de las empresas están empeñados en causar. Frente al lamentable derrame de crudo en un pozo de Ecopetrol, en Santander, exigen las renuncias de todos aquellos funcionarios que consideran equivocados, empezando por el Ministro de Ambiente, la Directora de la Anla, el Ministro de Minas, entre otros.

Para medir su real calibre moral y la bondad de sus intenciones, que, por supuesto, nada tienen que ver con tiempos electorales, puede uno hacerles unas preguntas:

1. ¿En dónde estaban protestando las múltiples veces que las Farc explotaron oleoductos, causando inmensos derrames en el Putumayo? ¿En dónde protestaron airadamente contra las frecuentes voladuras de oleoductos y su respectiva contaminación, por parte del Eln?

2. Ahora que se habla de la grave polución del aire en ciudades como Medellín y Bogotá, ¿por qué no los vemos en las calles exigiendo que se retiren de inmediato de circulación todos esos buses y camiones viejos que circulan echando humo negro por el exosto frente a sus narices? ¿Las enfermedades respiratorias de miles de niños y ancianos en estas ciudades son menos graves para el pueblo, que los impactos de ese derrame? ¿O será que hay que buscar que una multinacional compre los negocios urbanos de los transportadores criollos para que, entonces sí, nuestros héroes ambientalistas tengan incentivos para salir a la calle a defendernos?

Y hablando de hipocresías, tenemos instituciones serias y respetables que no temen dejar de serlo para defender una causa ideológica. Por ejemplo, Dejusticia, gente profesional y seria, promueve intensamente el ‘activismo judicial’ en defensa del pueblo, pero hace una visible excepción a esa convicción cuando alguien (ocurre ser un político de quien no gustan) propone un debate sobre cuántas cortes debería tener el sistema judicial en Colombia. De inmediato, su Director considera que se trata de “actitudes castrochavistas”. ¿Acaso el sistema actual funciona bien? ¿Acaso está exento ese sistema de fallas, disfuncionalidades y, oh casualidad, corrupción? ¿Acaso en los países serios del mundo hay el mismo número de cortes que aquí, como para que una propuesta sobre el debate acerca de lo más conveniente sea considerada “destructora de la independencia judicial y el Estado de derecho”?

Esa misma respetable entidad produce un sesudo documento llamado ‘Cuentas Claras, el papel de la Comisión de la Verdad en la develación de la responsabilidad de empresas en el conflicto armado colombiano’. ¡Vaya! El solo título debería convencernos de que allí sí agarraron la verdad por la cintura. ¿La expresión que el Director de Dejusticia usa sobre “complicidad empresarial criminal” equivaldría a decir “complicidad colombiana criminal” cuando apresan a un narcotraficante colombiano, o “complicidad judicial criminal”, cuando hay magistrados y jueces corruptos?