Bogotá tiene cerca ya de dos décadas de administraciones con políticas responsables que han dado énfasis a la utilización adecuada de recursos, en la pedagogía ciudadana, en las obras físicas de infraestructura y de transporte, en la educación pública y más recientemente en programas sociales focalizados, tales como Bogotá Sin Hambre.
Sin duda alguna, la administración pública de una ciudad compleja como Bogotá requiere de la combinación de programas y proyectos de infraestructura con la ejecución responsable y eficiente de programas sociales, como se ve viable en épocas más recientes. En este contexto, es preciso también que la ciudad no permita generar desequilibrios en problemas no resueltos.
Sin duda alguna, uno de los temas sensibles para todos los estratos de la población es el tema de la movilidad. Las grandes ciudades del mundo que han enfrentado acertadamente este problema cuentan con un plan integrado de transporte, en el cual se diseñan eficientemente sistemas públicos y privados de transporte dando prioridad a los sitemas públicos. Dentro de estos se articulan la construcción de vías rápidas, los trenes de cercanías, sistemas de metro ligero como nuestro TransMilenio y sistemas de metro pesado de superficie y/o subterráneos.
Bogotá ha avanzado en el sistema de TransMilenio y no debería volver atrás en desacelerar su completo desarrollo. Bogotá también requiere de más vías. Sin una adecuada solución al transporte público, los ciudadanos no sustituirán en una medida adecuada el transporte privado.
Un metro pesado es una solución complementaria para las rutas que se evalúen como técnica y económicamente factibles dentro del sistema actual y dentro de las perspectivas de las próximas tres décadas de la ciudad. En un contexto de mediano y largo plazo, no es descabellado incorporar rutas de metro pesado de superficie o subterráneas que se demuestren como mejor alternativa dentro de estudios profesionalmente ejecutados.
La dificultad principal del desarrollo de proyectos de metro pesado en el mundo, estriban en las características del financiamiento de este tipo de proyectos. La construcción de un metro, de un aeropuerto, de muelles portuarios de gran significación, o de líneas férreas tienen en común los enormes requerimientos financieros para el período de inversión (incluyendo los estudios de factibilidad). Esta característica hace que predominantemente este tipo de infraestructura sea ejecutada por el sector público, con recursos públicos y entregada en algunos casos en concesión para la operación privada.
Cualquiera que sea el modelo de administración, es común a este tipo de proyectos el hecho de que las tarifas al público pueden recuperar perfectamente los costos de operación y de mantenimiento, pero escasamente los costos de inversión. Esto debe ser claro para cualquier decisión de esta naturaleza. La experiencia del metro de Medellín en el caso colombiano no es una excepción a este hecho económico. En otras palabras, el monto de la inversión no es recuperable con tarifas, puesto que serían prohibitivas para los usuarios.
En este contexto, es fundamental entender que la enorme exigencia de recursos de un proyecto de esta naturaleza requerirá la competencia con otros proyectos de otro orden, tanto para las finanzas del Distrito como para las finanzas de la nación. La nueva Administración de Bogotá ha captado muy bien la prioridad que la ciudadanía le asigna al tema de la movilidad, pero deberá recorrer un camino responsable de articulación de todo el sistema de transporte y de consenso con el Gobierno Nacional, y aún el gobierno del departamento, para promover un proyecto fiscalmente responsable.
Es importante recordar a este respecto que el Presidente de la República anunció la viabilidad financiera de un metro para Bogotá utilizando recursos externos que puedan ser repagados con vigencias futuras de fechas lejanas.