El interés público frente al interés privado

La actividad económica, social y política en Colombia se basan en las reglas de lo que se denomina un Estado Social de Derecho. Sin embargo, las instituciones y prácticas con frecuencia permiten que predominen de manera desbalanceada intereses privados nocivos o la conducta arbitraria de funcionarios públicos.
En un periodo electoral agitado como el que hemos tenido hay que recordar la importancia que tienen las instituciones para garantizar el objetivo de largo plazo de la sociedad, que es el bienestar general. Hay que destacar que en esta coyuntura política, se han presentado comportamientos oportunistas por parte de los maestros que buscan no ser evaluados, cuando Colombia ocupa una de las peores posiciones en la medición de la calidad de la educación a nivel global. Persisten paros agrarios localizados buscando logros de corto plazo para grupos específicos, cuando se requieren cambios más significativos en el sector que permitan mejorar las condiciones de productividad y competitividad del ramo. Surgen manifestaciones de políticos que se escudan en su antigua credibilidad para diseminar rumores no verificados.
Ciertamente, la situación general del país está llena de paradojas en los últimos años. Internacionalmente, se ha venido consolidando una imagen de país con un manejo macroeconómico serio y estable, con buenos resultados en el crecimiento económico, en la inflación, en las reglas y manejo de las finanzas públicas y una banca central independiente, que ha sido líder en este proceso, y por fin despegan las inversiones en infraestructura física, lo cual ha inducido mayor inversión extranjera. Sin embargo, la sensación interna, económica y social parece tener otras connotaciones. Es cierto que muchas reformas sectoriales de gran importancia para el futuro siguen pendientes: justicia, educación, salud y pensiones, entre otras.
De otro lado, el panorama de la politización de la justicia, de la mala imagen de nuestro Congreso, de la corrupción ostensible, en algunos casos, en la contratación pública, contribuye a generar escepticismo sobre el camino a tomar. Una luz en el túnel no muy intensa, aún es la perspectiva de que el país logre finalmente un acuerdo negociado razonable para la sociedad con las Farc.
El debate de las elecciones de hace cuatro años, en el que tuvieron mucho énfasis los principios de que no todo vale y que el manejo de los recursos públicos es sagrado, requiere ser rescatado con urgencia. Es comprensible que las nuevas generaciones estén alejadas del interés por la cosa pública, pero es a ellos a los que más les atañe nuestro futuro.
El país necesita con urgencia un gran consenso sobre la consolidación de las instituciones judiciales, de contratación pública, del ejercicio de la política, que sirva de marco para asegurar un crecimiento sostenido en el largo plazo en un contexto internacional. También requiere rescatar una administración pública de calidad la región más importante de su economía: la capital. El manejo reciente de la gestión pública en ciudades como Cali, posiblemente Barranquilla, Medellín y su departamento pueden permitir un punto de partida para lo que se requiere nacionalmente.
Luis Alberto Zuleta J.
Consultor empresarial
zuldezub@cable.net.co