El Estado paga $1,2 billones al año por fallos en su contra

La suma ponderada a cancelar por los procesos acumulados sería de $66 billones, dice la Andje.

21.08.2017 16:30 Actualizado: 22.08.2017 16:09

Imagen montañas avif Foto:Imagen montañas avif

En promedio, la Nación gasta entre $1,1 y $1,2 billones cada año en el pago de demandas, una cifra que, sin embargo, resulta insuficiente porque generalmente los fallos en contra la superan.

(Lea: Fallo niega demandas al Estado por parte de víctimas de pirámides)

Esas cantidades solo incluyen a las dependencias del Estado central, quedando por fuera los casos que se pierden en el orden regional y municipal, y los de entidades que asumen sus responsabilidades jurídicas de manera autónoma, como Ecopetrol y la Previsora.

(Lea: El gasto del Gobierno en pensiones crecería en 8,8% en el 2018)

Por ejemplo, para el 2017 hay apropiados $900.000 millones y para el 2018 el proyecto de Presupuesto General de la Nación estima unos 700.000 millones, si bien en el 2016, finalmente, el gasto por este concepto llegó a 1,4 billones.

La diferencia entre lo disponible y los compromisos hace que las deudas por esta causa se acumulen, con el agravante para el erario de que las cantidades se indexan dependiendo de la tasa comercial de usura, y no de la inflación.

El promedio de tiempo para el reconocimiento de una demanda está en cuatro años, de acuerdo con el director de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado (Andje), Luis Guillermo Vélez.

En la actualidad, las pretensiones de particulares por demandas están en 332,7 billones de pesos. Sin embargo, la Andje estima que en realidad la cifra a pagar sería de 66 billones de pesos. El cálculo parte de un modelo matemático que se basa en el índice de éxito de los abogados que representan al Estado.

Vélez destaca que la tasa al respecto ha mejorado. Cuando se creó la Agencia, en el 2013, se ganaban cerca del 45% de los procesos y en el 2016 mejoró hasta un 55%. No obstante, el pasivo no baja teniendo en cuenta que el número de litigios se ha incrementado.

“Ganamos más y pagamos menos, pero tenemos muchos más pleitos; ese es el problema”, afirma, y añade que para ponerse al día tocaría recortar los presupuestos oficiales en salud, educación, vivienda, infraestructura, o cualquier otro rubro.

Las entidades que más pierden, y concentran el 60% de toda la cartera, son la Policía, el Ministerio de Minas y Energía, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Defensa.

Si bien la destinación del rubro de “sentencias y conciliaciones” suele ser menor, toca hacer adiciones para honrar los compromisos del Gobierno, según explica el director de la Agencia para la Defensa Jurídica del Estado, Luis Guillermo Vélez.

El promedio de tiempo para el pago de una demanda es de cuatro años, lo cual es grave si se tiene en cuenta que el monto se actualiza dependiendo de la tasa comercial de usura, y no de la inflación causada durante el periodo en mora.

Para Vélez, hay tres ajustes imprescindibles con miras a una solución de fondo a esta onerosidad. Lo primero es establecer un tope a la responsabilidad del Estado, que existe en el resto del mundo, pero no en Colombia, y por eso “quienes demandan calculan de acuerdo con su parecer los daños morales, lo cual es ridículo”. Igualmente, habría que cambiar las normas para que las indemnizaciones se actualicen con base en el aumento en el costo de vida, no del interés máximo comercial.

También, cambiar la tendencia que lleva casi de manera automática a declarar la responsabilidad del Estado para episodios de retención injustificada de los ciudadanos por parte de las autoridades. “Por ejemplo, cuando un juez dicta medida de aseguramiento porque la Policía o Fiscalía agarró a alguien en flagrancia, robando; todo mundo lo vio y las cámaras lo registraron, pero al año no hay condena por alguna razón procesal, si el afectado demanda, casi que hay una responsabilidad automática del Estado por esa detención. No se están considerando las circunstancias propias de la captura, sino el resultado”, explica.

Esos ítems serían objeto de reformas legales futuras.