Tirar de los hilos

Iván Cepeda anunció algo grave y lo hizo con el tono de quien cree estar del lado correcto de la historia. Advirtió que, si no se cumplen ciertas condiciones, no reconocerá a Abelardo De La Espriella como presidente electo y llamó a sus electores a desconocer pacíficamente su autoridad.

Lo presentó como desobediencia civil. Pero detrás del lenguaje solemne hay algo más simple: el anuncio de que un resultado electoral solo se acepta si conviene. La desobediencia civil tiene una tradición legítima, de Thoreau al movimiento de derechos civiles, pero esa tradición exige una causa verificable y, más importante aún, moralmente justa. El comunicado de Cepeda construye en cambio una cadena de insinuaciones y conjeturas sin pruebas.

Dice que la ciudadanía estadounidense de De La Espriella implica una lealtad incompatible con la Presidencia. Sugiere que pudo beneficiarse de fondos ilícitos vinculados a Alex Saab, citando una carta de congresistas que habla de posibles conductas, no de hallazgos. Y pregunta si es agente de la DEA o la CIA, sin sustento alguno más allá de la pregunta misma.

Construir sobre eso que una posesión presidencial sería ilegal e ilegítima no es rigor jurídico: es retórica para deslegitimar de antemano lo que no se ganó en las urnas. Lo que termina de exponer el argumento es su selectividad. El propio Petro tiene doble nacionalidad, colombiana e italiana, y nadie exigió que renunciara a la presidencia por eso.

También existen cartas de congresistas republicanos pidiendo investigar y procesar a Petro, y acusaciones serias sobre el llamado Pacto de la Picota beneficiando electoralmente al gobierno de turno, y nada de eso llevó a nadie a anunciar desobediencia civil. Un país sí y otro no, una sospecha sí y otra no: el patrón no es jurídico, es conveniencia disfrazada de principio.

La izquierda que de verdad se reclama progresista se reconoce por su capacidad de discernir, debatir y aceptar que no todos piensan ni votan igual. Quien no sabe reconocer esa realidad se parece menos a un demócrata y más a un autócrata incómodo con perder. Y esa distinción importa, porque cuando las instituciones empiezan a cuestionarse no desde la evidencia sino desde la derrota, la amenaza no es solo política: es la del tejido mismo que hace posible el juego democrático.

Precisamente por eso, la defensa de ese tejido no puede quedar solo en manos de los políticos. Las empresas no deben decirles a sus empleados por quién votar, ni hablar de democracia solo cada cuatro años.

Sí tienen, en cambio, una tarea ineludible: defender el sistema que les permite existir, la democracia y el libre mercado, con garantías y retenes sociales, la libertad de emprender, de ser y de salir adelante con el mismo modelo que ha funcionado en los países que quisiéramos emular, y condenar los modelos fracasados que ni países de raíz comunista como China siguen replicando.

La democracia y el libre mercado son una idea escrita en un papel, replicada en quienes se suman a ella y permiten el libre intercambio de ideas, negocios y cultura. Su base es la libertad y los derechos, sostenidos por el imperio de la ley, para que la violencia, verbal o física, nunca reemplace el voto, y nadie tenga que gritar ni alzarse en armas para perseguir sus sueños.

Cuestionar la legitimidad de un proceso electoral con conjeturas que no resisten análisis, con el mismo rasero con el que el propio gobierno tendría mucho más que explicar, es tirar de los hilos de esa tela que sostiene nuestra sociedad. Recordemos: sin empresas no hay Estado, y sin democracia no hay empresas.

JAIME PUMAREJO HEINS

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