A contener la avalancha

A primera vista parecería que el ambiente en el que transcurre la Convención Bancaria que concluye sus deliberaciones mañana en Cartagena, es tranquilo. A fin de cuentas, las ganancias de los establecimientos de crédito aumentaron 48 por ciento al cierre del primer trimestre, con lo cual el patrimonio subió en más de 10 por ciento, de acuerdo con las estadísticas de la Superintendencia Financiera.

Es verdad que el ritmo de alza de la cartera de créditos, en términos reales, apenas supera el 3 por ciento, pero al menos el monto de las obligaciones de los deudores ‘colgados’ anda todavía más lento. En ese sentido, el indicador de calidad se mantiene bajo el cinco por ciento, lo cual es considerado como manejable.

Indicadores más fundamentales muestran que los índices de solvencia superan con creces el mínimo requerido, incluso cuando se hacen pruebas más ácidas. Para decirlo de manera coloquial, el parte médico de los bancos es saludable.

No obstante, el ambiente en el sector no es propiamente festivo. El motivo central es la ola de populismo legislativo que tiene a la actividad crediticia entre ojos, algo que comenzó a verse cuando el Congreso aprobó la ley de financiamiento en diciembre pasado. En aquella ocasión, y a pesar de la oposición del Ejecutivo, se aprobó una sobretasa de cuatro puntos porcentuales en el impuesto de renta.

Aunque es probable que la Corte Constitucional eche para atrás aquello que los críticos de la disposición describen como un tratamiento discriminatorio, la seguidilla ha continuado. En el Capitolio hacen su trámite dos iniciativas: una que modifica la Ley de Habeas Data y otra que elimina una serie de tarifas, como las que pagan los usuarios de tarjetas de crédito.

Las propuestas han sido criticadas por un buen número de académicos, quienes han recordado aquel refrán según el cual ‘el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones’. En concreto, los estudiosos señalan que limitar la información con la que cuentan los establecimientos de crédito llevaría a que se otorguen menos préstamos en segmentos específicos del mercado. El propósito de combatir lacras como el ‘gota a gota’ sufriría un golpe significativo, pues una buena cantidad de personas no podría entrar al sistema formal.

Adicionalmente, eliminar cobros hace que cierto tipo de clientes deje de ser atractivo, con lo cual la posibilidad de acceder al dinero plástico quedaría limitada a un conjunto más pequeño de la población. En último término, aquello que los técnicos conocen como el índice de profundización financiera sería menor, algo inconveniente en una economía con elevados niveles de informalidad.

Lo anterior no quiere decir que los bancos hagan todo bien. Las encuestas muestran que hay una percepción negativa que merece mejores estrategias de comunicación para que la entidad de turno sea vista como un aliado y no un antagonista “que me cobra por entregarle mi plata”.

Una oportunidad para mejorar frente a la opinión pública es resaltar el suceso de las innovaciones que vienen de la mano con la revolución tecnológica. La posibilidad de abrir una cuenta desde el celular, realizar retiros o transferencias a cero costo o pedir créditos sin firmas ni documentos, es una realidad que conocen millones de personas, incluyendo muchas que viven en las zonas más apartadas del país.

Visibilizar los casos de éxito es clave para contener la avalancha de ideas que pretenden castigar a las entidades de crédito, cuando afectan realmente a la población en general y, sobre todo, a la que está en la base de la pirámide. Lo anterior debería combinarse con una vocería más fuerte, que incluya a los líderes de las instituciones, cuyo bajo perfil es excesivo y muestra que la discreción puede salir costosa.

Ricardo Ávila Pinto

ricavi@portafolio.co

@ravilapinto