Descontento descongelado

En esos días confluyen en Bogotá la minga indígena proveniente del Cauca y la convocatoria de paro nacional de las centrales obreras y otras organizaciones políticas.

Si bien hace unas semanas se presentaron cruentas protestas a raíz del asesinato de Javier Ordóñez en un CAI de la Policía en Bogotá, estas dos manifestaciones ciudadanas marcan el regreso presencial del descontento, que la pandemia puso en el congelador. De hecho, tanto los reclamos de las comunidades indígenas como el paro nacional tuvieron expresiones similares el año pasado.

Por el choque generalizado que ha implicado la irrupción del coronavirus, es fácil olvidar que el 2019 terminó en medio de masivas movilizaciones ciudadanas. Asimismo, que la agenda política de este año arrancó precisamente con los esfuerzos del Gobierno Nacional por adelantar una ‘Conversación Nacional’ que abordara esa situación de malestar social.

Las jornadas de protestas del año pasado generaron incluso valiosas reflexiones del sector empresarial, tanto sobre los cambios políticos y sociales pendientes como sobre el papel que el sector privado debería jugar en esas transformaciones.

La llegada de la pandemia, con sus cinco meses de cuarentena y su parálisis de las actividades económicas y sociales, alteró obviamente la agenda del debate público y cambió sus prioridades. El descontento no se resolvió, sino quedó congelado.

Más aún, la lucha contra el coronavirus se tradujo, al inicio de los confinamientos, en un fortalecimiento de la imagen favorable no solo del Gobierno Nacional, sino de los mandatarios regionales.

No obstante, el brutal impacto de las cuarentenas sobre el aparato productivo y el empleo, así como la crisis económica desatada por las medidas sanitarias han disparado el rechazo a la gestión gubernamental de la economía a niveles históricos. Según la más reciente encuesta de Invamer, el 92 por ciento de los colombianos tiene una percepción negativa del empleo -la más alta en 12 años- el 81 por ciento rechaza el manejo de la economía y el 88 por ciento, la inseguridad.

La reapertura implicó el retorno no solo de las actividades productivas, sino también de las protestas sociales. Con el agravante de que la pandemia ha deteriorado las condiciones sociales y económicas del país en comparación con las del año pasado.

Más allá de qué tan válidas sean las demandas políticas de la minga y del paro nacional, desatar una jornada de protestas sociales implica un golpe al ritmo de la reactivación económica, que en unos sectores y ciudades va muy lenta, inequitativa e irregular.

La preocupación que han expresado varios gremios de la producción sobre los riesgos de salud y de orden público de estas manifestaciones no es caprichosa. Respetar el derecho a la protesta de las minorías es tan democrático como el de las mayorías a expresar sus alertas.

Desde el punto de vista logístico, el Gobierno Nacional y el Distrito Capital deben coordinar esfuerzos para que estas manifestaciones cumplan con los mínimos estándares de salud en medio de una pandemia que no se ha ido.

Ya desde lo político, la crisis económica generada por el coronavirus y expresada en más desempleo, menos ingreso y más deterioro social, inevitablemente aumentará los niveles del descontento popular. Por esa razón, el reto del Gobierno está en el equilibrio entre el montaje de canales fluidos de diálogo con la protesta organizada y la fluidez de los recursos de apoyo a empresas y hogares.

La prioridad de los colombianos hoy no está en la reivindicación específica de una población o sector, sino en la mitigación del impacto económico de la pandemia en sus hogares. Hay que blindar la reactivación y evitar que se descarrile.