El fallo contra Álvaro Uribe

La condena en primera instancia del exmandatario abre un capítulo en el que deben primar el respeto institucional.

30.07.2025 11:07 Actualizado: 30.07.2025 11:07

La decisión de la jueza Sandra Heredia que halló culpable al ex presidente Álvaro Uribe Vélez en dos delitos en el caso de falsos testigos tendrá consecuencias jurídicas y políticas, e incluso diplomáticas con Estados Unidos. El ex primer mandatario fue encontrado responsable de dos delitos- fraude procesal y soborno en actuación penal- mientras que fue absuelto en el cargo de soborno simple.

Como era de esperarse, el sentido del fallo generó reacciones en todo el espectro ideológico del país; pero, en especial, agudizó la polarización política. Dos narrativas sobre la condena contra Uribe Vélez chocan: una de izquierda que reclama que se aplicó justicia y que la culpabilidad no tiene duda mientras otra, desde la oposición, reclama un caso de lawfare, el uso del aparato judicial para la persecución de los contradictores políticos.

Este enfrentamiento se presenta bajo un preocupante telón de fondo: la abierta impunidad y la falta de definición en los casos judiciales de los principales comandantes de las ex Farc, desmovilizadas por el Acuerdo de Paz. No puede desdeñarse el mensaje de un ex mandatario ad portas de una condena judicial mientras que los máximos jefes guerrilleros que combatió desde la Casa de Nariño gozan de privilegios políticos y de la tranquilidad de una justicia lenta frente a sus atroces crímenes.

No ayudan las críticas que han despertado algunas determinaciones de la jueza Heredia en torno a la legalidad de las pruebas recabadas mediante interceptaciones “por error” de la Corte Suprema de Justicia contra el ex presidente, así como frente a los argumentos en torno a la confidencialidad de la relación abogado-cliente que goza de protección constitucional. En otras palabras, no son pocos los argumentos jurídicos que sustentarán la apelación que hará la defensa de Uribe Vélez ante la segunda instancia a la que tiene derecho.

Está fuera de discusión que las decisiones de los jueces -como la jueza Heredia- deben ser acatadas y respetadas-. Asimismo, que las controversias que haya sobre los argumentos jurídicos expuestos en el fallo de la primera instancia deben resolverse y tramitarse bajo los canales institucionales. Los siguientes momentos del proceso penal contra Uribe deben contar con todas las garantías del debido proceso y de los principios constitucionales.

Otro efecto que trajo la condena contra el ex mandatario toca las relaciones internacionales de Colombia con EE. UU. El jefe de la diplomacia norteamericana, el secretario de Estado Marco Rubio, afirmó que se “ha sentado un precedente preocupante” y criticó que “hoy se consumió una infamia contra Álvaro Uribe”. En momentos en que Washington está definiendo la tasa de aranceles a aplicar a países como Colombia y que los elevó a Brasil por el caso del ex presidente Jair Bolsonaro, se genera la doble preocupación tanto diplomática como comercial.

El principio de la no intromisión en los asuntos internos debe aplicarse en esta situación. No obstante, no se debe desconocer esta preocupación de EE. UU. y se espera que esta situación jurídica no se traduzca en castigos al intercambio comercial entre ambos países y motor importante de las exportaciones colombianas.

Este fallo judicial no debe ser usado con motivaciones políticas y electorales, ni empleado para atizar odios ideológicos. Los principios que rigen la administración de Justicia, y en especial la doble instancia, así como la presunción de inocencia, deben aplicarse y permitir que sean las razones jurídicas, y no las facciones políticas, las que actúen bajo la ley, en independencia y con autonomía.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

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