La economía es prioridad

Ayer se llevó a cabo en el país una jornada de paro nacional convocada por centrales obreras y otras organizaciones sociales, que confluyó en la Plaza de Bolívar con una delegación de la minga de indígenas del Cauca.

El llamado 21-O, heredero directo del 21-N, las manifestaciones de protesta social de finales del año pasado, no contó con la asistencia masiva que registraron sus antecesores.

Si bien las condiciones sociales y económicas están hoy más deterioradas que en 2019 debido a la pandemia del coronavirus, el peligro que implican las aglomeraciones masivas y el enfriamiento de las actividades sociales por las cuarentenas, entre otros factores, derivó en un arranque menos multitudinario.

El balance de participación de ayer no significa que este descontento social, descongelado por la reapertura de septiembre, haya perdido importancia o que estas demandas del malestar ciudadano estén resueltas.

Todo lo contrario. Lo que refleja el ambiente político hoy del país es una activación prematura de la campaña presidencial de 2022, con lanzamientos de aspiraciones desde la oposición y realineaciones ideológicas y partidistas con miras a la contienda electoral. Por más legítimas y democráticas que sean esas precandidaturas, la mayoría ejercidas desde curules en el Congreso de la República, sería ingenuo ignorar su efecto inevitablemente confrontacional en el diálogo político y la agenda pública.

Mientras la pelea por la Casa de Nariño se adelanta como mínimo seis meses y se expresa en el Capitolio y los medios de comunicación, el mundo de la economía se esfuerza por retomar una senda de crecimiento, en medio de la creciente incertidumbre por rebrotes eventuales.

La reapertura de las actividades económicas, que ha traído consigo una mejora en algunos indicadores y en las percepciones de confianza de empresas y comercios, sigue su marcha en paralelo con la intensificación del pulso político, con un inocultable telón electoral.

No son pocas las consecuencias de la anticipación de la campaña presidencial, entre ellas la crispación del debate público y la dificultad de encontrar espacios en común en el desarrollo de las políticas públicas.

Es casi imposible que la búsqueda de consensos le gane a la urgencia de marcar distancias con el Gobierno, que tiene una relación muy frágil con la opinión pública, para ir posicionando discursos y narrativas de campaña para 2022.

La historia de las contiendas presidenciales más recientes confirma que hace años Colombia no cuenta con una causa común que genere una unión verdadera. Hay rechazos generalizados, por ejemplo, a la corrupción y un descontento masivo con la inequidad económica pero que, al pasar a las agendas detalladas para resolverlas, las diferencias resurgen.

Esto no es necesariamente negativo. Las sociedades requieren de visiones competitivas de desarrollo social que disputan las mayorías en el sistema democrático. No obstante, la magnitud histórica de la crisis desatada por la pandemia del coronavirus debería empujar a un consenso nacional alrededor de la prioridad de recuperar la senda del crecimiento económico.

Pero no un crecimiento cualquiera, que regrese a los modelos pre-pandemia, sino una agenda que aproveche la crisis para introducir las reformas y diseñar un modelo de regreso a la senda económica con empleos sostenibles, equidad de género, crecimiento amigable al ambiente y transformación digital.

Que la recuperación económica con empleos y equidad se convierta en una bandera única, en un consenso social y en el real acuerdo nacional hacia las elecciones de 2022. De no lograr que la economía sea la prioridad, entonces terminará convertida en otro terreno de pugna electoral más.