El próximo 4 de septiembre el Gobierno Nacional, por intermedio de Invías,abrirá el primer módulo de 8,65 kilómetros del túnel de La Línea, el más largo de América Latina.
Esta obra, que atraviesa la cordillera Central para conectar Cajamarca (Tolima) con Calarcá (Quindío) ha estado en el imaginario de los colombianos por muchas décadas.
Desde hace literalmente más de un siglo, el país discute, espera y ha intentando construir este proyecto de ingeniería para unir el centro del país con el Pacífico.
El último tramo de este recorrido centenario duró más de quince años y estuvo rodeado de numerosos problemas, líos con el consorcio constructor, abandonos de obras, tribunales y nuevas contrataciones.
Este proyecto simboliza como pocos la apuesta del gobierno de Iván Duque de concluir obras que se heredaron de administraciones anteriores, que incluyen 14 vías nacionales y 8 regionales. Además, refleja muchas de las dificultades que el país sigue enfrentando, desde lo público y lo privado, cuando de grandes apuestas de infraestructura se trata.
Si bien la entrega completa del proyecto está programada para abril de 2021, los beneficios del túnel de La Línea ya se empezarán a disfrutar. La velocidad del tramo aumentará de 18 a 60 kilómetros por hora; habrá un ahorro de 50 minutos y de 850 horas de cierres al año, así como 270 mil millones de pesos anuales en costos de operación y logística de transporte.
Tras la puesta en funcionamiento, el túnel será aprovechado no solo por los transportadores de carga entre Buenaventura y Bogotá, sino también potenciales turistas para la región del Quindío, cuyo paisaje cultural cafetero es Patrimonio de la Humanidad.
La saga centenaria del túnel de La Línea es un buen ejemplo de por qué acelerar debe constituirse en el verbo activo principal del plan de reactivación económica del Gobierno Nacional.
Incluso antes de la irrupción del coronavirus, la infraestructura, no solo vial sino portuaria, energética, digital, fluvial, marítima y aeroportuaria, es uno de los principales habilitadores para la competitividad de la economía nacional. A pesar de algunas mejoras en años recientes, este componente continuaba rezagando las capacidades del aparato productivo del pais.
Como era de esperarse, la infraestructura constituye uno de los rubros más importantes del “Compromiso por el Futuro de Colombia”, el plan de reactivación de Duque. Además, prácticamente 100 de los 109 billones de inversiones proviene de recursos de origen privado.
El peso de las iniciativas de infraestructura concentra una porción considerable tanto de los dineros presupuestados como de los empleos que se aspiran generar.
Por ejemplo, en fortalecimiento de la red vial, el Gobierno destinará en los próximos años unos 11,5 billones con una creación de más de 105 mil puestos de trabajo.
Cinco proyectos de transporte de origen completamente privado costarán unos 1,2 mil millones con la generación de 61 mil empleos. Mientras en cinco iniciativas de energía eólica invertirán más de 1,4 mil millones de dólares con 3.636 empleos, otros cinco solares son del orden de los 414 millones de dólares y otros tres mil empleos. Todo esto sin contar con los proyectos de transformación digital, cuyas inversiones y puestos de trabajo están aún sin calcular.
En conclusión, sin ignorar las restricciones sanitarias que trae la pandemia, la crisis ofrece una oportunidad de impulsar estos paquetes de obras de infraestructura, logística y economía digital. Sin mayor margen de maniobra fiscal, el Gobierno Nacional debe concentrar sus esfuerzos en generar las condiciones propicias para que los recursos privados fluyan. Y esto incluye acelerar.