Hoy, con una intervención del presidente Iván Duque, se clausura el V Congreso Empresarial Colombiano de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi), en medio de una de las peores crisis económicas y corporativas de la historia reciente del país.
Una contracción de 15,7 por ciento del PIB en el segundo trimestre del año, la destrucción de más de 4,2 millones de empleos y el desplome de varios sectores productivos por las cuarentenas, entre otros indicadores, reflejan la gravedad de lo que el Superintendente de Sociedades ha llamado la “pandemia empresarial”.
Incontables empresas colombianas de todos los tamaños –grandes, medianas y pymes– llevan más de cinco meses de la pandemia del coronavirus contra la pared y al borde de la quiebra. Más de 41 mil restaurantes afiliados al gremio gastronómico no volverán a abrir y 16 mil suspendieron sus actividades.
Una encuesta de Fenalco en Bogotá muestra que el 31 por ciento de los establecimientos comerciales han decidido cerrar sus puertas. La facturación de los comerciantes sobreviventes también ha sufrido caídas severas de más de la mitad de los registrado el año pasado.
Un escenario similar sufren los negocios de los sectores llamados ‘últimos en abrir’ como entretenimiento y cultura, que ni siquiera tienen la esperanza de reactivarse a partir del fin de los confinamientos a partir de la próxima semana.
No hay todavía una cifra consolidada y robusta que dé cuenta de la magnitud y la profundidad que la pandemia y las cuarentenas destrozaron el tejido empresarial colombiano. De hecho, muchas compañías están hoy en una especie de limbo, ni vivas ni muertas, y conforme los meses pasen el país podrá apreciar la dimensión de la pérdida de las empresas.
Crece el consenso sobre la urgencia y la necesidad de que el Gobierno Nacional robustezca el conjunto de herramientas con las que ha enfrentado hasta ahora esta crisis empresarial. La respuesta del Ejecutivo ha girado en torno a un paquete de créditos y los planes de subsidios a las nóminas y a las primas.
De acuerdo a cifras oficiales, por el Programa de Apoyo al Empleo Formal (Paef) se han desembolsado unos 2,4 billones de pesos a más de 131 mil empleadores y beneficios a más de 3,2 millones de trabajadores.
No obstante, este esfuerzo gubernamental de créditos y subsidios no solo no ha llegado con la velocidad necesaria a las empresas, sino también es percibido como insuficiente por sus potenciales beneficiarios.
Si bien ya el Gobierno Nacional impulsará en el Congreso la extensión del Paef hasta diciembre, es momento para empezar a ponderar ampliaciones más ambiciosas a su plan de salvamento empresarial.
Ya el presidente de la Andi Bruce MacMaster puso sobre la mesa la propuesta de que el Ejecutivo le pidiera un préstamo de unos 20 a 30 billones de pesos al Banco de la República, con un largo plazo de entre 30 y 50 años, para financiar el paquete de acciones a favor de las empresas. Esta propuesta, audaz y heterodoxa, requiere de un amplio consenso institucional entre el Gobierno, la junta directiva del Emisor, el sector privado y los distintos actores de los mercados.
Más allá de discutir los pros y contras de una decisión de esta naturaleza y sus impactos en la relación de independencia entre el Ejecutivo y el Banco Central, la gravedad de la situación del sector productivo del país invita a pensar, proponer y discutir sin demora alternativas para robustecer las acciones hoy destinadas a proteger a las empresas.
En el creciente ambiente anti-empresarial en muchos sectores de la opinión pública, no es muy popular proponer salvamentos a los privados. Olvidan esas voces que las empresas de todos los tamaños y sectores son responsables de generar los trabajos necesarios para los hogares colombianos. Empleo que está en el corazón de una reactivación económica con equidad.