Por una bonanza distinta

Con la expedición, el pasado 10 de abril, del Decreto 613 el Ministerio de Salud, el país da otro paso en la dirección de convertir la marihuana medicinal en una industria legal. Tras la aprobación de la Ley 1787 de 2016, promovida por el senador liberal Juan Manuel Galán, Colombia se unió a la creciente lista de naciones que aceptan el cannabis para usos terapéuticos y científicos.

En un país tan duramente golpeado por el narcotráfico y con el creciente flagelo del microtráfico en las ciudades, hablar del aprovechamiento de la controversial ‘yerba’ no es sencillo. Aun así, la tendencia del cannabis legal y medicinal es global. Aparte de Canadá, 28 de los 50 estados de la unión americana, más la ciudad de Washington, han aprobado este tipo de uso, así como cuatro países latinoamericanos: Uruguay, Chile, Argentina y Puerto Rico. Hace semanas, Irlanda se unió a otras naciones europeas como Alemania, Holanda, República Checa, Finlandia y Macedonia.

El gobierno colombiano ha hecho bien la tarea no solo para que la marihuana se cultive en el país, sino también para que se exporten sus derivados y demás productos. Las normas definen el tipo de licencias y de modalidades, como la explotación del cannabis sicoactivo y no sicoactivo y la integración de los pequeños cultivadores. El decreto prohíbe cualquier tipo de publicidad o promoción de las semillas o los productos en medios de comunicación distintos a los médicos, veterinarios o científicos.

Sin negar el avance que implica el esfuerzo regulatorio, quedan asuntos pendientes por definir. Por ejemplo, se necesita un marco sancionatorio, así como mayor detalle en el proceso de distribución y asignación de los cupos aprobados. Para enfermos con dolencias crónicas y terminales es clave una estrategia de información. Aunque falten pocos años para que los productos estén al acceso de los consumidores, se debe comenzar el proceso pedagógico de desmitificar el uso medicinal de la marihuana.

Sacar de la oscuridad el cannabis y crear una industria implica asimismo la creación de un proceso abierto y competitivo para que el beneficio no quede en grandes jugadores. El Estado debe montar un esquema robusto, con estrictos requerimientos y severa vigilancia, pero con puertas amplias para que pequeños y medianos productores puedan aspirar a las diferentes licencias y modalidades.

El potencial para el sector es inmenso, dadas las ventajas comparativas que tiene el territorio colombiano para el cultivo de la planta. Con la legislación en estado de constante evolución en el mundo occidental, esta naciente industria podría llevar a una bonanza, sin ilegalidad ni violencia.

En días recientes, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunció planes para legalizar la marihuana sin restricciones en el 2018. En la Bolsa de Toronto nació un fondo de intercambio enfocado en los valores de empresas del sector.

Según un reporte de Deloitte, el mercado base en Canadá sería de entre 5.000 y 9.000 millones de dólares, con un aporte a esa economía de 22.000 millones de dólares. En Uruguay empezará la venta de marihuana en farmacias el próximo julio.

Los pasos siguientes en Colombia incluyen la resolución que permitirá a empresas el inicio de los cultivos. Firmas pioneras como Pharmacielo, que ya cuentan con licencia de fabricación de derivados, podrían integrar así la fase de siembra y hacer realidad el ciclo entero de producción en año y medio.

Es urgente, entonces, que el gobierno cierre los vacíos que se perfilan en el marco regulatorio en materia de mayor vigilancia, oportunidades para pequeños cultivadores, claridad para inversionistas, pedagogía para usuarios potenciales y sensibilización de la opinión pública. No todos los días se transforma un cultivo ilícito en el embrión de una actividad legal, regulada y con perspectivas muy positivas de mercado.