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‘Falsos positivos’

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Es tal la creatividad del ser humano para inventar crímenes contra sus semejantes que sería imposible llegar a un acuerdo sobre cuál es el peor. Sin embargo, quizá muchos convendríamos que los denominados ‘falsos positivos’ clasifican entre los más execrables.
En esos delitos se unen el asesinato con el estado de indefensión de las víctimas y el abuso de autoridad.

Pero hay algo que los hace aún peores: la traición a la institución a la que supuestamente sirven los criminales y a la patria que les confió sus armas. Además del mal causado a las víctimas y a sus allegados, esos horrendos crímenes les dan munición a los que están interesados en restarles legitimidad a las acciones de nuestras fuerzas armadas.
Con ellos se traiciona a las decenas de miles de hombres de la patria muertos y heridos en defensa de nuestras instituciones y a todos los colombianos, cuya seguridad depende de tener unas instituciones respetables y respetadas. Quienes los cometen deben recibir las sanciones más duras de nuestros códigos y los altos mandos militares deben ser quienes más agresivamente los persigan.

Salvo la irreversibilidad de la muerte, tan repugnantes como los ‘falsos positivos’ que cometen algunos militares en forma esporádica y aislada, son los ‘falsos positivos’ judiciales que ocurren también, afortunadamente, de forma esporádica. Los dos bienes más preciados del ser humano son la vida y la libertad.
Los primeros privan a sus víctimas de vivir, y los segundos, de la libertad y de otro bien que para muchos es más importante que la vida: de la honra.
Quienes cometen los ‘falsos positivos’ judiciales traicionan a la patria que les confió la administración de la justicia y a los miles de hombres y mujeres que valientemente buscan aplicarla rectamente. Además traicionan a la infinidad de colombianos que queremos un sistema judicial fuerte y limpio.
Su sanción también debiera ser la más dura de la ley.

Ignorando el principio de cosa juzgada, partiendo de suposiciones fantasiosas, con pruebas deleznables, con testigos sin credibilidad, se adelantó un juicio contra el coronel Alfonso Plazas.
Violando flagrantemente sus derechos humanos, la juez tercera especializada lo condenó a 30 años de prisión por una supuesta violación de una ley que no existía en 1985, lo cual está expresamente prohibido por el Artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual Colombia es parte. Y ahora el tinglado se les ha derrumbado a esa Juez y a esa Fiscal, porque la Procuraduría encontró a quien se suponía era el testigo estrella en ese turbio montaje y este niega haber rendido el testimonio que fraudulentamente se usó para condenar al Coronel.

Los colombianos de bien nos alegramos de que finalmente se hará justicia con el coronel Plazas.
Ojalá corran igual suerte tantos otros que también han sido víctimas de sentencias altamente cuestionables, como los generales Arias y Uscátegui, por ejemplo. Pero queda la gran pregunta: si para evitar una equivocada solidaridad de cuerpo, a los militares acusados de ‘falsos positivos’ ya no los juzgan otro militares, ¿quién debería juzgar a los jueces y fiscales por los ‘falsos positivos’ judiciales?
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