Limpieza minera

En una auditoría sobre los 10.161 títulos mineros vigentes en el país, la Agencia Nacional de Minería encontró que solo 812 cumplen con los requisitos legales para desarrollar su labor. El otro 92% de los títulos presentó cerca de 30 mil incumplimientos en temas jurídicos, ambientales, técnicos, económicos, de seguridad y de higiene. No puede haber prueba más clara del desastre de nuestras políticas mineras y de la incapacidad del Estado para regir y controlar el sector dentro de los más mínimos criterios técnicos, sociales y ambientales.

Debe iniciarse la limpieza del turbio sector minero con la cancelación de esos títulos que violan las laxas normas que lo rigen. Sería el primer paso para empezar a replantear la política de concesión de derechos mineros en Colombia y, de cara al país, establecer normas para la exploración y explotación de recursos naturales no renovables que realmente respondan a nuestros intereses soberanos y garanticen la sostenibilidad de nuestro desarrollo.

Enceguecidas con unos supuestos beneficios de la minería, las autoridades se desbocaron a aprobar títulos mineros sin estudios serios, y el área minera creció de 1,2 millones de hectáreas en el 2004 (5.067 títulos) a 5,7 millones en el 2013 (10.161 títulos). Y mientras el Ministerio de Hacienda cacarea sobre unas pírricas regalías, las absurdas reglas de este inequitativo sistema benefician a las firmas explotadoras desproporcionadamente cuando hay altos precios en los minerales, sin que el país sea adecuadamente compensado. A lo que se suman los incrementos en las valoraciones en bolsa de los yacimientos de los adjudicatarios, sobre las cuales Colombia no recibe nada.

A pesar de representar el 8% del PIB, este sector contribuye con apenas el 1% del empleo nacional. Y diversos estudios demuestran que el que generan se caracteriza por esquemas de vinculación de pobre calidad contractual y por tener altos riesgos en salud y seguridad, no cubiertos adecuadamente. Esto, además de sus efectos negativos en el empleo de otros sectores económicos vía la enfermedad holandesa, y la degradación social y económica de las zonas donde la actividad extractiva se desarrolla sin controles debidos, que son casi todas.

Ha llegado el momento de que, además de llevar los ingresos de la minería a niveles más justos con Colombia, nuestras cuentas nacionales reflejen también las pérdidas en los ecosistemas afectados, los impactos en la disponibilidad y la calidad del agua, los efectos en la biodiversidad, los impactos en el suelo, los costos de oportunidad para los propietarios de terrenos que deben renunciar a sus actividades productivas cuando se concede a terceros un título minero sobre ellos, y los perjuicios a la salud de comunidades cercanas a la explotación o de la población en general. Sin cuantificar estos costos es imposible determinar si el beneficio obtenido realmente compensa lo que se destruye.

Por esto, los resultados de la fiscalización sobre los títulos vigentes deben llevar a cancelar los que no cumplen. Y de allí, debe pasarse a formular y aplicar una política minera económica, social y ambientalmente seria, previsiva y soberana. No podemos seguir alimentando bonanzas ficticias y efímeras, en las que el país recibe poco frente a un deterioro social, económico y ambiental muy amplio que impacta negativamente su desarrollo futuro.