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Megabaloto

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Cuando se montó el tinglado de las concesiones viales, el cuento era que al trasladarle al sector privado la construcción y operación de unas carreteras el Estado disminuiría su riesgo y, además, liberaría recursos para ‘inversión social’. No fue así.
En 18 años de concesiones se han construido apenas 900 km de dobles calzadas a un costo monstruoso, tanto por los exorbitantes peajes que cobran como por los dineros que el Estado les ha dado.
La Contraloría estudia hoy 25 concesiones cuyo costo pasó, en virtud de múltiples adiciones, de $13 billones a más de $24 billones. Hay casos como el de la malla vial del Valle, cuyos peajes están entre los más altos del mundo, a la cual poco a poco se le ha aumentado el plazo de 20 a 55 años, y ya nadie sabe si acabará en el 2054, como hoy dicen, o el próximo siglo.
Y es que el esquema es simple: primero se hace una oferta inalcanzable para cualquier competidor serio, y después se negocian, a puerta cerrada, modificaciones y ampliaciones que hacen que el negocio sea redondo para todos los involucrados.
Eludiendo todo asomo de transparencia, estas negociaciones se brincan los principios de selección objetiva y se centran en inflar los montos y ampliar los periodos de vigencia.
A nivel nacional se están promoviendo reformas al régimen actual de concesiones.
El Ministerio de Transporte ha anunciado un proyecto de ley que obligará a que los proyectos de concesión tengan diseños detallados y reglas de financiación menos riesgosas para el Estado, y exigirá la obtención de licencias ambientales y la adquisición de predios antes de iniciarlos.
El nuevo Estatuto anticorrupción ya contempla algunos de estos requerimientos, aun en contratos que tengan dentro del objeto el diseño.
En franca contravía del sentir nacional, el gobierno de Cali ha resuelto abrir una licitación para aplicar ese sistema absolutamente cuestionado de concesiones en la construcción de lo que llaman la ‘Autopista Bicentenario’. Para nada ha servido que entidades como la CCI y la CAF soliciten que se aplace esta licitación hasta que se disponga de los estudios necesarios para hacerla con juicio.
Pareciera que, en sus estertores, esta Alcaldía estuviera desesperada por no dejar ir el megabaloto de la adjudicación de la licitación más jugosa en la historia de la ciudad.
Es feo e indebido que se paguen $84 mil millones por unos arreglos del estadio que se presupuestaron en $26 mil, pero Cali pudo aguantar ese impacto financiero. No podrá, en cambio, con el de una construcción que se estimó en $300 mil millones y va por medio billón, acabará costando por lo menos billón y medio, y que pagará el Municipio porque los peajes no alcanzarán.
Como siempre, los caleños callan ante este despojo, pero es particularmente lamentable que los candidatos a la Alcaldía no se pronuncien ante unos actos que devastarán las finanzas del Municipio.
¿O tendrán la ilusión de participar ellos también en el megabaloto a través de las renegociaciones que ineludiblemente seguirán a esta oscura licitación?
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