Abuso y explotación doméstica

A pesar de la sobrediagnosticada informalidad del mercado laboral colombiano, poco se discute la histórica y persistente discriminación al más numeroso e inestable sector laboral, representado principalmente por mujeres y madres cabeza de hogar: el servicio doméstico.

Igual que la hipocresía que se respiraba durante el lento desmonte de la esclavitud, iniciado hace 200 años con la promulgación de la Libertad de Vientres o desde la misma abolición dictada en 1851, nuestra doble moral tolera atropellos o explotación a 9 de cada 10 empleadas domésticas, cuando son sometidas a circunstancias que desprecian el ejercicio de los derechos laborales mediante el abuso de sus condiciones de inferioridad y pobreza.

Históricamente, no pagar la seguridad social y la remuneración legal ha sido el común denominador en el mercado laboral del servicio doméstico en Colombia. El 95,6 por ciento de estas trabajadoras no están afiliadas a las cajas de compensación familiar, y el 87,7 no cotiza para jubilación en una población de 725.000 personas, según cifras del Ministerio de Trabajo. Al sistema de salud llegan como si no fuesen económicamente activas, es decir, por el Sisbén.

Algunas prácticas de abuso doméstico se evidencian cuando ilegalmente: remuneramos por debajo de los 40.384 pesos diarios; negamos un contrato laboral a un trabajo doméstico directo, habitual y bajo continuada subordinación; pagamos en especie sin previo acuerdo; descontamos dinero sin autorización expresa; desconocemos el descanso remunerado; no entregamos vestido y calzado de trabajo; acosamos, intimidamos o generamos terror o angustia, o permitimos más de 10 horas diarias de labores sin reconocimiento de horas extras.

Como si fuera poco el daño que causamos a miles de mujeres, el país se hace el de la vista gorda ante los 22.600 niños y menores de 18 años que están subyugados a trabajos domésticos; muchas veces a una forma de servidumbre que prohíbe la Constitución, y que la ley desea castigar penalmente con cárcel.

Mientras internacionalmente se destacan planes para el mejoramiento de las condiciones del servicio doméstico en países como Chile, Ecuador, Perú, Honduras y El Salvador, nuestra nación quedará ad portas de incumplir el

Convenio sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos (C189) de la OIT, si no comienza a legislar este año, según los compromisos adquiridos con la sancionada Ley 1595 del 2012.

Aquel que llegue a abusar de las condiciones de una mujer del servicio doméstico nunca será mejor que el peor de los corruptos de cuello blanco que también se vale de la posición para saquear a un pueblo incapaz de proteger su patrimonio por sí mismo, pero aquellos que exploten niñas menores de edad en la proscrita servidumbre doméstica son tan indignos como el infame delincuente dedicado a la trata de personas.

Estos temas incomodan cuando nos hallamos resistentes al autoexamen, pero molestan más cuando somos reacios a corregir nuestras propias injusticias.
Gilberto Caicedo G.
Analista y consultor corporativo
gcaicedog@yahoo.com