El proyecto de reforma tributaria
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El primer impacto del proyecto de reforma tributaria es positivo, porque corrige, en parte, algunos de los defectos del sistema, apelando a mecanismos novedosos.
Sin embargo, resulta complejo cuando se ahonda en su análisis, ya que se descubren cambios significativos que no son evidentes en las primeras lecturas.
En los asalariados, por ejemplo, a pesar de que no es expresa la eliminación de beneficios, en la práctica, a través del impuesto mínimo presuntivo (Iman), se suprime la exención general y la deducción por aportes a fondos voluntarios de pensiones.
En este modelo, la tarifa del impuesto es la misma para las rentas, entre 300 y 1.500 millones, lo cual resulta regresivo.
La misma presunción aplica a los trabajadores independientes, mediante una especificación de los gastos aceptables, según las actividades, procedimiento que es muy vulnerable a las omisiones. Por ejemplo, para los profesionales, no contempla los pagos a personas fuera de nómina ni la administración de una oficina, que son gastos básicos.
Resulta igualmente drástico que todos los gastos estén sustentados con facturas nominales, como exige la norma.
El esfuerzo por gravar las pensiones es válido, pero tímido, y favorece a las más cuantiosas. Lo mismo ocurre con la reducción del gravamen de ganancias ocasionales.
En las sociedades, no obstante la nula experiencia de tratar de crear empleo por decreto, se propone una fórmula que mezcla la reducción de la tarifa de renta con un impuesto nuevo, cuya base es diferente.
El proyecto contiene interesantes propuestas destinadas a controlar la evasión y elusión en aspectos como reorganización de sociedades, transacciones entre vinculadas, contratos de fiducia, ventas de activos poseídos en el país y paraísos fiscales.
Se incorporan a la legislación los establecimientos permanentes, presentes en todos los convenios sobre doble tributación.
No es evidente la intención de corregir la regresión del impuesto de renta, reduciendo el de los grandes capitales e incrementando el de rentas de trabajo.
En materia procedimental, se propone dotar a la Dian de instrumentos para combatir abusos.
El proyecto avanza en la nivelación de las tarifas del IVA, recomponiendo los grupos y creando un impuesto al consumo, más fácil de administrar.
También hay propuestas para reducir el volumen de las devoluciones, que disminuyen riesgos de fraudes y alivian las tareas de la Dian.
No resulta lógico, sin embargo, que servicios suntuarios, como los de bares y griles, paguen la mitad de la tarifa de los bienes suntuarios, y que en los vehículos de alta gama se reduzca la tributación.
Sin duda, en un término relativamente breve, el Gobierno ha entregado un proyecto en el que, por fortuna, se advierte de nuevo la mano de los técnicos.
En él, se incorporan medidas que se venían reclamando como urgentes, como la regulación de los paraísos fiscales, la eliminación de los contratos de estabilidad jurídica y la nivelación de la tributación en las diferentes formas de inversiones del exterior.
Pero no es prudente, como se propone, mantener las normas tributarias que distorsionan la contabilidad, porque estas interfieren con la aplicación de las NIIF.
La eliminación y/o reducción de los beneficios y tratamientos especiales de larga duración, incluyendo el que se otorgó a las zonas francas, siguen siendo asignaturas pendientes.
Horacio Ayala Vela
Consultor privado
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