Sostenibilidad social del seguro

Las condiciones que permiten a los consumidores tomar decisiones que optimicen su bienestar, se ven menguadas en el caso de productos farmacéuticos y financieros, servicios de salud o de transporte aéreo, cuya complejidad intrínseca desborda los conocimientos que cabe esperar de quienes los demandan. Esta asimetría en la información explica el surgimiento de normativas destinadas a proteger a los consumidores, incluso, por extraño que parezca, de sus propias decisiones.

La economía de la conducta, que se ha desarrollado en años recientes, ha demostrado que la supuesta racionalidad de los agentes económicos es bastante menor de la que los teóricos de la economía clásica pensaban. Somos todos, en algún grado, vulnerables a la manipulación que se ejerce a través de la publicidad respecto de cuyo influjo es imposible sustraerse en el mundo de la comunicación masiva.

Las restricciones a la competencia, derivadas de economías de escala o barreras de entrada de nuevos actores, usuales, por ejemplo, en el sector de telecomunicaciones, determinan que la competencia sea oligopólica. Para completar este panorama, hay que decir que, mientras mayor sea el papel de los mercados, tanto más resulta indispensable la acción enérgica de las autoridades para evitar integraciones que impliquen grados excesivos de concentración, colusiones entre grandes proveedores y prácticas de competencia desleal.

El escrutinio permanente que hoy se ejerce sobre los empresarios es uno de los motivos del auge del concepto de responsabilidad social, lo cual significa que están obligados no solo a cumplir las leyes, sino a comportarse de manera socialmente responsable.

Este paradigma adquiere especiales connotaciones en el ámbito del seguro. Suele pasar que tengamos baja sensibilidad ante los riesgos a los que estamos expuestos; que ignoremos la posibilidad de su ocurrencia y seamos refractarios a la compra de seguros; que cuando decidimos adquirirlos, nos resulte difícil saber si la prima que el asegurador exige es adecuada.

La definición del riesgo cubierto, cuya ocurrencia dispara la obligación condicional del asegurador, es cuestión crucial desde la óptica de su responsabilidad social. Si la forma como el amparo se define impide que se pueda concretar su exigibilidad, se erosiona la legitimidad del seguro. Para que haya primas los siniestros deben ser posibles y probables.

En reciente ocasión hemos tenido que enfrentar un caso evidente de perversión de este elemental principio. Se trataba de la creación de un seguro obligatorio que deberían adquirir los centros de diagnóstico automotor para cubrir su responsabilidad civil, en el evento en que vehículos cuyas condiciones de seguridad hubieran sido por ellos homologados, se vieren involucrados en accidentes de tránsito. La responsabilidad de la compañía de seguros dependería de que se demostrara que la causa del accidente fue una falla mecánica, y que ocurrió por falencias en una revisión, que pudo haber sucedido meses atrás.

Como la demostración de estos complejos nexos causales es remota, la industria aseguradora pidió la derogación de este seguro antes de que entrara en vigor. Para sus integrantes resulta más importante preservar la legitimidad del seguro que percibir unas primas que podrían haber sido cuantiosas, pero que, con alta probabilidad, no darían lugar a coberturas efectivas. Es loable que el Gobierno haya aceptado nuestra solicitud.