La Colombia negra

Ha finalizado la tercera Cumbre Mundial de Alcaldes y Mandatarios Afrodescendientes, realizada recientemente en Cali y Cartagena. Se trata de un grupo importante; según el Censo del 2005, equivale al 10 por ciento, pero en la próxima medición podría aumentar en tanto el autorreconocimiento étnico, como es previsible y conveniente, sea mayor.

¿Qué se debe hacer para garantizar que los afrodescendientes tengan los mismos derechos y oportunidades que los demás? Cuando se revisa la literatura pertinente, surgen algunos mecanismos que se han diseñado para proteger el derecho fundamental a la igualdad de grupos minoritarios. Usualmente, se establecen políticas encaminadas a eliminar las desigualdades sociales, culturales y económicas. Con estas medidas, que se denominan ‘acciones afirmativas’, se busca garantizar una mayor participación de las minorías.

Existen varias clases de acciones afirmativas: 1) los subsidios en servicios públicos, las becas o ayudas financieras para estudiantes de escasos recursos, o el apoyo económico a pequeños productores, y 2) las medidas de discriminación inversa o positiva, que se diferencian de las primeras porque toman en consideración aspectos como el género o la raza, y porque se producen en una situación especial de escasez de bienes deseados, como los puestos de trabajo o cupos universitarios. Un ejemplo de estas últimas es la ley de cuotas.

Se podría pensar, entonces, en algunas acciones afirmativas encaminadas a garantizar el acceso de la población afrodescendiente a cargos públicos y a la educación superior. Específicamente, el mecanismo para lograr el cometido sería una ley de cuotas.

Según The Economist, en el 2008, 110 países en el mundo tenían ley de cuotas para garantizar el acceso del género femenino a los cargos públicos. En algunos países como Perú, Argentina y Costa Rica este mecanismo ha sido eficaz y ha logrado el objetivo: aumentó la participación de las mujeres en cargos públicos en un 19, 32 y 23 por ciento, respectivamente. En Colombia, en cambio, según un informe de la Procuraduría, solo 137 de 1.174 instituciones estatales cumplen la ley de cuotas (Ley 581 del 2000).

Medidas de este tipo en el corto plazo podrían permitir el acceso a ciertos beneficios por parte de la población afrodescendiente, y remover obstáculos tanto en el punto de partida (acceso a educación superior) como en el de llegada (acceso a cargos públicos), para garantizar una igualdad de oportunidades real y efectiva.

Infortunadamente, estas políticas son discriminatorias de grupos que no resultan favorecidos. Además, pueden agravar la situación de segregación contra las personas que aparentemente se van a proteger, en la medida en que generan sentimientos de inconformidad por quienes no reciben estos privilegios.

En síntesis, una ley de cuotas para afrodescendientes puede generar muchos inconvenientes y no necesariamente resolver los problemas de fondo. Otros deben ser los objetivos: continuar luchando contra la discriminación, que suele ser larvada o sutil, y avanzar en el desarrollo de zonas deprimidas, especialmente en la costa Pacífica, en la que habita buena parte de la población afro.

En el largo plazo, el anhelo consiste en que en una sociedad plural y respetuosa de las diferencias étnicas, la raza no importe.