¿Guerra o paz?

Desde 1998, las Farc han sido un referente básico de la contienda presidencial. El triunfo de Pastrana sobre Serpa en aquel año, estuvo influenciado por la determinación de ‘Tirofijo’ de tomarse con él, no con su rival, una foto en medio de la selva.Uribe triunfó, en dos ocasiones, gracias a su promesa de combatir a “esos bandidos y terroristas”.

Santos tomó, a mediados de su mandato, una decisión audaz: concederle a los alzados en armas, a pesar de su persistente pérdida de peso militar y político, el espacio de una negociación que va bastante más allá de una desmovilización honorable. Incluye, por ejemplo, la posibilidad de acordar con el Estado aspectos centrales del modelo de desarrollo rural y la participación en política de sus integrantes.

Se nos ofreció un proceso breve; a estas alturas debería estarse sometiendo el eventual acuerdo a refrendación popular. Como esto no sucedió, inevitablemente se convirtió en hito del debate presidencial.

Para Santos, los electores debemos escoger entre la guerra y la paz. Este dilema adolece de cierta de debilidad conceptual.

En primer lugar, porque el país no está en guerra. No existen grupos armados ilegales con capacidad de ejercer control territorial, ni está la población encuadrada en bandos opuestos; el rechazo a la guerrilla supera el 90 por ciento. Las Farc pueden realizar operaciones de sabotaje de la infraestructura, atacar poblaciones pequeñas y hostigar a la Fuerza Pública, pero el predominio de esta es incuestionable. Además, la afirmación de que nos hallamos en guerra puede lesionar la imagen del país en el exterior y espantar inversionistas.

Y, en segundo, por cuanto lo que se negocia es, apenas, el ‘fin del conflicto’, a partir de lo cual se iniciaría la construcción de la paz, loable objetivo, carente de contenidos específicos y plazos.

No lo digo yo, lo dice el Acuerdo de la Habana.

Zuluaga, por su parte, se colocó inicialmente en las antípodas: para aceptar la continuación de las negociaciones, las Farc deberían decretar un cese al fuego indefinido y verificable. Esto no suena realista. La guerrilla está debilitada, pero conserva una capacidad de acción militar que no es despreciable. La verificación del cese al fuego es una tarea casi imposible, habida cuenta de que las huestes irregulares están dispersas por buena parte del territorio. El tamaño del contingente de observadores requerido para realizar esta tarea sería enorme y tendría un costo exorbitante.

Consciente de ello, al sellar su alianza con Marta Lucía, Zuluaga ha moderado su posición. Las draconianas condiciones iniciales se han sustituido por otras cuya conveniencia es incuestionable y que parecen factibles: la adopción de cronogramas para finalizar la negociación, el cese inmediato del reclutamiento de niños y los ataques a la población civil. Santos podría, si triunfa, acoger puntos de vista como estos.

Esta convergencia permitiría salvar un esfuerzo en el que se han logrado avances importantes aunque no definitivos. El fin negociado del conflicto ayudaría a reducir la violencia que padecen millones de colombianos pobres que habitan en el campo. Facilitaría el desarrollo de una ambiciosa agenda de desarrollo rural, así el narcotráfico no se extinga. Una reconversión paulatina del gasto militar hacia actividades civiles sería un gran ‘dividendo de paz’, que incidiría positivamente en la tasa de crecimiento económico con beneficios para toda la sociedad.