Isagen: de nuevo al ruedo

No es logro menor del Gobierno haber diseñado un ambicioso plan de infraestructura vial cuya arquitectura cuenta con un generalizado respaldo. Encomiable también, que haya comenzado a ponerse en marcha en este momento, habida cuenta de los impactos anticíclicos que puede tener en una coyuntura de bajo crecimiento, y por sus efectos perdurables en la competitividad del país. Estamos frente a un paquete colosal: el valor de las obras que se ejecutarían en un plazo relativamente breve, es cuatro veces mayor al de la ampliación del Canal de Panamá.

Como se trata de la construcción de bienes públicos, en última instancia habrá que pagarlos con impuestos. Sin embargo, como los requerimos mucho antes de que el Estado los recaude, tiene sentido adoptar una estrategia financiera que distribuya el esfuerzo fiscal entre las varias generaciones que van a beneficiarse de las nuevas vías.

Dada la enorme magnitud de la financiación requerida y de la necesidad de contar con productos novedosos que permitan alargar plazos y mitigar riesgos, el Gobierno ha tomado dos determinaciones importantes: la constitución, en asocio con la IFC y la CAF, de la Financiera de Desarrollo Nacional; y la de vender su participación accionaria en Isagen para invertir esos fondos (entre 5 y 6 billones de pesos) en su fortalecimiento. El supuesto de tal determinación consiste en que ya no es necesario usar fondos públicos en la generación de energía, pero que tiene sentido económico (y social) utilizarlos para apalancar el plan de infraestructura.

La oposición a esta última determinación es feroz. Se dice, por ejemplo, que es indispensable que el Gobierno mantenga el control de Isagen para que ella pueda desarrollar proyectos de generación de interés social o regional. Grave error. Las decisiones de inversión basadas en criterios políticos, fueron una de las causas del famoso apagón de 1992. Teniendo en cuenta esa nefasta experiencia, la Carta de 1991 eliminó el monopolio estatal en la provisión de servicios públicos; a su vez la Ley 142/94 creó un esquema de gestión basado en la competencia y la eficiencia, pilares indispensables para garantizar la suficiencia de la oferta y precios competitivos.

Isagen actúa con estricto sometimiento a estos principios, sus decisiones de inversión dependen de la racionalidad económica de los proyectos de generación, los cuales se ejecutan teniendo en cuenta los factores de sostenibilidad social y ambiental. Si por consideraciones políticas se decide que ciertos usuarios o regiones requieren subsidios, es claro que proveerlos es responsabilidad estatal. Esta disciplina rigurosa ha hecho posible que cerca de la mitad de sus acciones se encuentren en manos de particulares. Proceder de otra manera constituiría un abuso garrafal contra los accionistas privados.

Otro argumento contra la operación consiste en la supuesta necesidad de que el Gobierno mantenga su participación mayoritaria en Isagen para evitar abusos en los precios o prácticas colusivas entre los actores del mercado. Se olvida que el Gobierno cuenta con amplias facultades para sancionar tales abusos.

Por último, se ha objetado la posibilidad de que las acciones estatales se vendan a un inversionista extranjero por el ‘riesgo’ de que este resuelva llevarse las utilidades que obtenga. Desde luego, si este derecho se menoscaba desaparecería la inversión extranjera, la cual requerimos ahora y siempre. No somos Venezuela o Corea del Norte.

Jorge H. Botero

Presidente de Fasecolda

jbotero@fasecolda.com