Mar de incertidumbre

La reforma de la salud pública, realizada en 1993, le ha servido bien al país. Se tradujo en una ampliación de la cobertura, especialmente en beneficio de los más pobres. Al contrario de lo que ha sucedido con el sistema de pensiones, su financiamiento es progresivo: los trabajadores afiliados al sistema contributivo financian su propio gasto en salud y aportan recursos que se utilizan para fondear el pilar subsidiado. El resto de los recursos proviene de impuestos. No obstante, adolece de defectos que justifican su reforma.

Suele creerse que el desorden financiero del sistema de salud, que se traduce en servicios demorados y de baja calidad, es consecuencia directa de actos de corrupción. Ellos han ocurrido, pero son marginales. Y en buena parte obedecen a la laxitud de los requisitos para participar en las actividades de provisión de servicios de salud y aseguramiento de la población afiliada.

Otros son, por lo tanto, los problemas estructurales de la salud. El Plan Obligatorio de Salud (POS), al que debe atarse la Unidad de Pago por Capitación (UPC), adolece de un desequilibrio profundo. No fue actualizado en función de la evolución de la morbilidad de los usuarios, omisión que, a su vez, produjo la expansión, vía tutela, de los beneficios sin consideración alguna sobre las finanzas del sistema.

La eliminación del POS, que vendría a ser sustituido por una lista negativa –todo está incluido salvo aquello que sea expresamente excluido– debe traducirse en una disminución de las tutelas, aunque podría implicar un encarecimiento notable del gasto en salud. Sería menester, que antes de que la ley en curso se apruebe se le aporte al país un estudio creíble sobre las implicaciones financieras de la reforma. Si las cifras no cuadran, la frustración sería enorme.

Cierto es que los flujos de fondos entre los distintos actores del sistema, desde el Fosyga hasta las entidades prestatarias de los servicios de salud, han sido ineficientes. Se supone que la creación de Salud Mía, como corazón del sistema desde la óptica financiera, y de los denominados ‘gestores de salud’, a los que correspondería autorizar los pagos, resolvería los problemas existentes. Es difícil tener certeza al respecto. En el papel, que es, por ahora, el único elemento de juicio, el flujo de fondos es tanto o más complejo que en la actualidad.

El paradigma ‘la salud no es un negocio’ es esgrimido, en muchos casos, con estridencia por los actores más vocales en los debates que acompañan el proceso de reforma. Es obvio que el acceso a la salud, como derecho fundamental que es, no puede depender de nuestra capacidad individual de pago, pero de ahí no se desprende que los empresarios privados que decidan participar en la gestión de la seguridad social, no puedan obtener un rendimiento adecuado en función de los capitales que invierten y los riesgos que asumen.

Ignorar este factor podría traducirse en que no aparezcan los empresarios requeridos para gestionar los servicios y recursos de la salud. Sería grave. La vida de cualquier organismo depende de que arterias y venas cumplan su tarea de irrigar la sangre por todo el cuerpo. Como se marcha, con alegre desenfado, hacia la eliminación de las EPS, que cumplen en la actualidad esta función fisiológica, cabe preguntar: ¿habrá cómo reemplazarlas?