¿Persecución o justicia?

Lamentable espectáculo la manifestación de los congresistas del Centro Democrático (CD) pidiendo la renuncia del presidente Santos. Lamentable, por lo lánguida y falta de respaldo popular, pero sobre todo por el motivo, que era acusar al presidente de una persecución política a su grupo por la detención del hermano del expresidente del todo vale.

Es parte del ADN del uribismo tratar de desprestigiar a los jueces cuando sus sentencias le son adversas, y tratar de revocarlas acudiendo a las mayorías de la opinión pública. El problema es que ya no tienen esas mayorías que los respalden. Por eso, resultó patético ver en los noticieros al excandidato del CD arengando a un minúsculo grupo de simpatizantes pidiendo la libertad del hermano acusado de vínculos con el paramilitarismo, y la renuncia del presidente, cual nuevo Caifás que convenció a la multitud a que pidieran la liberación de Barrabás y la condena de Jesús.

Pero más allá del hecho anecdótico de la anémica manifestación, se debe analizar, con cabeza fría, si realmente existe una persecución política orquestada por Santos y el Fiscal contra los allegados cercanos al expresidente del Ubérrimo. Para ello es conveniente recordar quiénes son los ‘buenos muchachos’ de ese gobierno que han sido condenados, por qué razones, y, sobre todo, qué jueces lo hicieron.

Fueron jueces penales los que condenaron a Luis Guillermo Giraldo, por fraude en la promoción del referendo reeleccionista, a Rito Alejo del Río, por asesinato, y a Salvado Arana, embajador en Chile del pasado gobierno, por desaparición forzosa y homicidio agravado.

Fue la Corte Suprema de Justicia, no el Fiscal, quien profirió las condenas contra el primo del expresidente por nexos con los paramilitares, contra dos exdirectores del DAS, Jorge Noguera, por la infiltración de paramilitares, y María del Pilar Hurtado, por las ‘chuzadas’, y Manuel Cuello, superintendente de Notariado, por repartir prebendas entre congresistas.

Varios ministros también fueron condenados por: Andrés Felipe Arias, por el caso AIS; Diego Palacio y Sabas Pretelt, por la yidispolítica, lo mismo que al exsecretario de la presidencia, Alberto Velásquez, mientras que Bernardo Moreno fue condenado por las ‘chuzadas’.

Lo más increíble dentro de la teoría de la persecución es que el procurador Ordóñez, que es declarado adversario de Santos, también investigó a estos cinco altos funcionarios del expresidente que compró su reelección y a todos los condenó, destituyéndolos e inhabilitándolos para ejercer cargos públicos. El mismo Procurador pidió a los jueces que condenaran al general Flavio Buitrago, exjefe de seguridad de la Casa de Nariño por sus nexos con narcotraficantes.

Confirmando el buen criterio del expresidente para escoger a sus jefes de seguridad, el general Mauricio Santoyo, a quien nombró después de haber sido destituido por la Procuraduría, fue condenado por nexos con narcotraficantes y paramilitares. Lo llamativo en este caso es que fueron jueces de EE. UU. los que lo sentenciaron a 13 años de cárcel. ¿Será que Santos los obligó?

La lista es larga y se necesitaría otra columna para incluirlos a todos. Pero con los pocos casos aquí citados, basta para constatar la diversidad de delitos y de jueces que los condenaron, lo que demuestra que la acusación del CD de que se trata de una persecución política de Santos y el Fiscal es otra calumnia sin pruebas, que aspiran a que sea aceptada como verdad a fuerza de repetirla.

No hay una conspiración de la justicia contra el círculo cercano del expresidente, sino que hubo una verdadera conspiración de ese grupo contra la democracia y las instituciones.

Consultor privado

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