¿Para cuándo una ley ‘fintech’?

El término fintech resulta de la contracción de las palabras en inglés finance y technology y se usa para referirse a las actividades y empresas que utilizan las tecnologías de la información y de las comunicaciones para crear u ofrecer servicios financieros de forma menos costosa. Fintech es, sin duda alguna, el Uber de los servicios financieros.

El impacto que tiene fintech en los consumidores es enorme. Gracias a las fintech se pueden hacer pagos nacionales o internacionales oprimiendo una tecla de un celular, o realizar desde préstamos hasta inversiones usando criptomonedas como el bitcoin.

Gracias a algoritmos avanzados, ya hay empresas que pueden prestar dinero en línea en menos de 30 minutos, para lo cual evalúan el comportamiento y características demográficas de los solicitantes usando las redes sociales. En fin, fintech significa un sinnúmero de utilidades. Pero también de riesgos.

Como toda innovación, las fintech retan a las industrias tradicionales, por lo que el tema es de suma importancia para los bancos centrales y las autoridades de supervisión financiera. O debería serlo. Por ejemplo, está bien que las fintech crezcan, pero no a costa de los bancos. Y viceversa.

Por todos los retos que suponen las fintech, países como México, Reino Unido, España, Alemania y Francia están trabajando en regulaciones para auspiciar la innovación, pero también para controlar los riesgos y abusos. Opino que lo mismo debería hacerse en Colombia.

En México, las autoridades están discutiendo un proyecto de ley para evitar que las fintech se presten para fraudes o conflictos de interés, así como para evitar tensiones entre estas empresas y la banca tradicional. Este proyecto de ley, al mismo tiempo, busca promover los derechos de los consumidores, evitando que las grandes empresas de tecnología como Facebook o Google –que están metidas en fintech– le cierren sus puertas a la banca tradicional abusando de su posición dominante.

Si nuestras autoridades deciden trabajar en una ley fintech, valdría la pena que se enfoquen en tres áreas: pagos electrónicos, financiamiento colectivo o crowdfunding y criptomonedas como el bitcoin.

Es hora de pensar en requerimientos de capital para algunas actividades como el crowdfunding, incentivos para las entidades financieras que bancaricen usando fintech y en abrir la posibilidad de compartir información entre las fintech y los establecimientos financieros, sin que ello constituya una violación del secreto bancario. También hace sentido autorizar a los bancos tradicionales para que puedan aceptar y mantener bitcoins y otras criptomonedas, en lugar de que sean otros los que se dediquen en la sombra a esta actividad.

Igualmente, hay que establecer deberes de información para quienes ofrecen o negocian como actividad profesional criptomonedas, por ejemplo, sobre la volatilidad del activo virtual, los riesgos de fraude, el hecho de que no es una moneda de curso legal y la imposibilidad de revertir las operaciones una vez hechas.

En el caso de las criptomonedas, además, estamos en mora de que nuestras autoridades establezcan controles. A través de bitcoins se pueden estar lavando millones de dólares y resguardando los dineros de todos aquellos que no quieren dejar rastro.

Colombia, en síntesis, debe pensar seriamente en adaptar su marco legal a las nuevas formas de prestar servicios financieros. Al momento de inventarse los carros se reglamentó su uso, en lugar de pretender que aplicara el de transporte a caballo. Lo mismo debe pasar con las fintech. Estamos a tiempo.

Socio, Flórez & Asociados Asesores Jurídicos